Revocar mandato a AMLO, pros y contras

Del 1º de noviembre al 15 de diciembre: tiempo de solicitar firmas para usar un “Instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza” (Art. 5 LFRM). Revocar el mandato es un derecho o facultad de los ciudadanos o electores: 1º, para solicitar iniciar el procedimiento; y 2º, para decidir si revocan o no. Agente único es la voluntad ciudadana, no la del gobernante (éste buscaría su ratificación).

El objetivo es remover del cargo al presidente.

La primera condición –legal- es la “pérdida de la confianza”, la desaprobación más o menos generalizada al gobernante, y por causas graves. Es una reacción de una parte suficiente de la ciudadanía a una acción u omisión del gobernante, juzgada por ésta de modo negativo (pérdida de legitimidad sustantiva).

La segunda condición –ética- es que esa parte del pueblo, de forma libre y responsable, busque y logre evitar mayores males de los que pretende resolver al revocar. El debate sobre la conveniencia de usar el mecanismo contra AMLO apenas inicia, y en círculos muy reducidos que sí reflexionan; en los más es fanatismo, insultos y disputas. Y a la masa no le interesa.

Argumentos A FAVOR de iniciar el procedimiento revocatorio-ratificatorio definido en ley, expuestos hasta ahora: refuerza el control popular sobre el gobierno; estimula al ciudadano a supervisar y exigir mejor rendición de cuentas; provoca a los gobernantes a ser más responsables. En caso de pérdida de legitimidad en el ejercicio del cargo, permite al ciudadano evitar mayores males.

Argumentos EN CONTRA: No será a solicitud ciudadana, sino del presidente López Obrador (“fiesta auto-organizada para seguir en campaña”). Pregunta expresada en forma híbrida, revocación-ratificación de mandato, contraria al Art. 35 Constitucional que solo considera revocación por pérdida de apoyo popular.

Distorsiona el sentido del ejercicio libre de participación ciudadana. Ahora sería retroactiva (AMLO fue electo para el período 2018-24, el mecanismo fue aprobado en diciembre de 2019), anularía la voluntad de sus 30.1 millones de electores. Una baja participación invalida consulta con graves daños y costos para todos (necesidades en salud, educación, seguridad, fomento al empleo, son más apremiantes).

Trastoca una función clave del sistema electoral: la gobernabilidad a lograr, por distraer a gobernante y a pueblo de la atención de los problemas, para terminar en mayor polarización y más medidas populistas. Los contrapesos constitucionales (Corte, Banxico, INE, etc.) corrigen mejor los daños. Ha sido cauce a gobiernos dictatoriales en Venezuela y Bolivia, “continuismo autoritario”(D Nohlen).

Destruye la lógica de certezas exigibles para electores y elegidos del sistema presidencial (para presidente solo 4 países sudamericanos, ningún europeo o EU, la acepta). Asumiría presidencia interina el presidente del Congreso de la Unión; y en 30 días, el sustituto que designan 314 diputados y senadores para los dos años y medio restantes, quien provendría del partido gobernante; no habría cambios en la conducción del país.

Ante esas condiciones es obligado éticamente no participar en buscar firmas, ni en votar. Y sí exhibir farsa presidencial del mesías tropical. Las oposiciones, invisibles, sin liderazgo. “Mejor concentrarnos en hacer que gobierno y sociedad comprendan, atiendan y resuelvan nuestros graves problemas”.

Las democracias exigen demócratas, de los que en México tenemos déficit de siglos. Empecemos por formar ciudadanos que aprendan a discutir y deliberar, sin insultos ni prejuicios, ni perder de vista el bien del conjunto. Dialogar, razonar, a partir de ver las realidades concretas en que vivimos: con técnica, ciencia, evidencias, y realismo crítico. Lograr acuerdos. Superar sermones mañaneros y nulidad de oposiciones mediocres, desfondadas de credibilidad ¡Hagamos nuestra tarea! El 2024 ya está aquí.