Retroceso en decenios

Luego de una involuntaria pausa, sumados a algunos días de convalecencia, se retoma este espacio de análisis y opinión sobre las políticas públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI.

Después de terca negativa reiterada por parte de CONACYT, salió a la luz lo que teníamos claro: Las actas de designación del titular del CIDE incumplen con las firmas de quien forma el órgano responsable de tal nombramiento, sólo hay un par.

Habrá que ver si se han configurado faltas a la ley, posibles delitos, ante los hechos recientes y de ser el caso si son punibles y los lapsos de denuncia.

Además, está el asunto del plagio denunciado, ese cometido por el indebidamente nombrado director del CIDE; el asunto sería suficiente, ya que el plagio es delito, para que se excusara del nombramiento hasta que, por lo menos, se aclare la situación. 

El órgano de gobierno de ese Centro Público de Investigación, CPI, como en otros, es presidido por el CONACYT mismo, entonces, el asunto de cualquier nombramiento es tema de gestión y hacer una selección medianamente aceptable; de seguir los procedimientos y ya, no es difícil.

Pero no han podido hacerlo correctamente ni en INECOL, ni en CIDE, tampoco en otros CPIs; dónde hay serias dudas de la calidad y trayectoria académica de titulares de dirección general.

Se sigue la premisa palaciega de 90% lealtad y 10% del resto, incluida capacidad, para designar de titulares de dirección general en CPIs, la instrucción tácita es “calladitos se ven mas bonitos”, a pesar que su gestión sea un desastre.

Otro caso que ha provocado molestia en CONACYT es el emeritazgo de la señora madre de la Directora General; lo cual acarrea violación de ley.

El consejo nacional se ha concentrado en desmentidos; pero veamos hechos, ¿la Dra. Roces Dorronsoro es madre de la directora del CONACYT? sí, lo es. ¿El CONACYT le ha otorgado emeritazgo sin que ella contara con el máximo nivel de membresía al SNI? sí, lo hizo. ¿Es requisito tener el nombramiento mas alto para alcanzar el emeritazgo en el SNI? sí, lo es. ¿El emeritazgo implica un beneficio económico o sólo es honorario? sí, lo implica. ¿La dirección general de CONACYT tiene peso de decisión en la conformación de comisiones de evaluadores del SNI? sí, lo tiene.

A todas luces hay conflicto de intereses, por lo menos.

CONACYT debía revisar la normatividad, los actos públicos pueden implicar la comisión de delitos; además, ¿qué necesidad de involucrar a la Dra. Roces Dorronsoro en tal clase de líos y posibles responsabilidades legales?, aunque tampoco ha renunciado al emeritazgo, lo cual no necesariamente implicaría renuncia a la membresía del SNI en el nivel que corresponda, como a cualquier mortal, a trayectoria y productividad.

Un tema adicional, uno muy trascendente, se relaciona con posgrados y las becas; ahora la SEP retoma las riendas de las becas para posgrado y se eliminan criterios de calidad con argumentación por demás absurda, CONACYT presume que ha habido una intención de privatizar los programas de posgrado, lo cual absolutamente falso.

Lo que sí ha habido es una apertura a que instituciones privadas inserten opciones educativas en la formación de estudiantes a nivel de posgrado, pero nunca una institución pública recibió instrucción alguna de privatizar sus programas educativos.

Es inclusión, lo contrario es discriminación; se discrimina a las personas quienes soliciten ingreso, y se les admita, a programas educativos de posgrado por el simple hecho de ser ofertados por instituciones privadas; los indicadores de calidad, aunque perfectibles, establecían un piso parejo entre las diversas ofertas educativas, favoreciendo la inclusión.

Tan así que una persona admitida a cualquier programa de posgrado, independientemente del tipo de institución que lo ofertaba, podía tener beca siempre que el programa contara con productos y planta académica que favoreciera su formación sólida. 

Sin indicadores de calidad y con becas en manos de la SEP hemos retrocedido decenios.