Relevos simultáneos en la FGR: el segundo movimiento

Mientras en Zapopan, Jalisco, descendía el féretro dorado con los restos mortales de Nemesio Oseguera, abatido el 22 de febrero, en la Ciudad de México comenzaban a enterrarse nombres del organigrama federal. De forma sincrónica, 11 fiscales (Baja California, Campeche, CDMX, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas) dejaron su encargo al tiempo que se despedía a uno de los capos mexicanos más poderosos de las últimas décadas.

En política las coincidencias existen; en seguridad, casi nunca.

La muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación no solo sacudió la estructura criminal del occidente del país y las excrecencias que posee en todo el territorio mexicano; también abrió una etapa de tensión tras la ruptura de un nodo de poder que durante años articuló territorio, finanzas y una estructura operativa de alcances inimaginables. Borrar del mapa a una figura de esa magnitud implica mucho más que darle muerte: faltan más reacciones violentas, la disputa interna por la sucesión y un segundo movimiento, más sutil, pero determinante: el institucional.

El operativo no ha terminado y su éxito está lejos de medirse únicamente por la detención o muerte de criminales. El Estado enfrenta la siguiente prueba en su capacidad para sostener jurídicamente el golpe, este y los que vienen: judicializar a los detenidos, integrar carpetas sólidas, blindar a testigos, asegurar bienes, procesar a mandos medios y evitar filtraciones. El mensaje con estos relevos simultáneos es claro: no había garantías. ¿Ahora sí?

La historia del país muestra que ningún liderazgo criminal de alto perfil se sostuvo en el vacío. Ahí están los casos de Joaquín Guzmán Loera, Osiel Cárdenas Guillén, Arturo Beltrán Leyva y Amado Carrillo Fuentes. Sus trayectorias evidenciaron redes paralelas de protección, omisión o captura institucional que hicieron posible su crecimiento y permanencia.

Mover once posiciones estratégicas en la estructura de la Fiscalía General de la República no es un ajuste menor ni una simple rotación administrativa. Las Fiscalías Federales son el gozne entre la inteligencia federal y la judicialización local; ahí los riesgos son claros. Fisuras institucionales. Filtraciones. Descoordinaciones. Fiscales no alineados a la nueva fase estratégica.

No podemos afirmar que los cambios sean consecuencia directa de Tapalpa. Pero sí apreciar que un operativo espectacular sin integración sólida de carpetas termina siendo una victoria mediática, no estructural.

En el caso de San Luis Potosí, el nombramiento de un nuevo fiscal federal no puede analizarse aislado. Nuestro estado no es ajeno a los corredores logísticos ni a las dinámicas de recomposición criminal. El tema no es si los enroques eran necesarios, sino lo que nos revelan sobre el momento político que vivimos.

Y si este es uno de los primeros golpes contundentes del gobierno de Claudia Sheinbaum contra el narcotráfico, la siguiente prueba será la consistencia procesal que venga después… sacudirse la impunidad y las históricas complicidades del Estado.