Rectoría del Estado: ¿populista, neoliberal, productiva o social?

A la memoria siempre viva de la gran amiga Lucha Garza y abrazo fraternal el Meme

En una de sus conferencias de prensa en medio de la pandemia, el presidente López Obrador fijó el papel del Estado citando el artículo 25 institucional que impone la rectoría del Estado en la economía. Paradójicamente, el concepto fue incluido en la reforma neoliberal del presidente Miguel de la Madrid de diciembre de 1983 y consolidada por la reforma neoliberal del gobierno de Salinas de Gortari.

En todo caso, la ambigüedad de aquellas reformas que redujeron el Estado a su dimensión mínima y le cedieron al mercado el dinamismo de la producción y la distribución; de todos modos, el bloque de artículos que construyeron el capítulo económico de la Constitución –artículos 25, 26, 27 y 28– puede servir para reconstruir el papel del Estado como el dinamo de la economía, Y con el articulado existente, el Estado tiene la tarea prioritaria de modelar el desarrollo, distribuir la riqueza y el ingreso y sentar las bases de una justicia social distributiva.

Sin embargo, el Estado en la 4T no ha asumido sus funciones de motor del desarrollo ni de la rectoría del Estado.

Si el eje de la 4T son los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales, entonces desde su inicio debió de haberse dado la reforma del Estado salinista neoliberal y de definirse las bases del nuevo Estado social.

En la pandemia y ahora en la reactivación económica no existe la conducción del Estado para moderar efectos nocivos, ni para definir los rumbos productivos, ni para apoyar a la planta productiva y el empleo. Es más, el modelo de desarrollo es el heredado del ciclo neoliberal 1983-2018 basado en el Tratado de Comercio Libre y en su enclenque y en retroceso planta productiva con bajos y nulos niveles de competitividad.

Es decir, a la 4T le falta el modelo de desarrollo para crecer, distribuir y subir en el escalafón internacional de competitividad. Hoy en día Vietnam, país aún en precarias condiciones de subdesarrollo, tiene más potencial económico que México y lo revelan las cifras de comercio exterior: México es deficitario.

El artículo 25 es más que sólo el concepto de “rectoría del Estado”. La rectoría implica el papel del Estado como el eje del desarrollo. Para ello, dice el tercer párrafo del artículo citado por el presidente de la república, “el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional”. Y la rectoría acepta la concurrencia de los sectores público, privado y social.

La rectoría del Estado no radica solamente en el ejercicio de la autoridad institucional, sino que se basa en la definición del modelo de desarrollo, en el uso del presupuesto público para dinamizar sectores, en la política fiscal para financiar el desarrollo y despuntar los extremos de la riqueza y la miseria y en la obra pública como detonadora de la inversión privada.

Asimismo, la rectoría del Estado cuenta con tres instrumentos constitucionales hoy sin rumbo: primero, el Plan Nacional de Desarrollo programático que defina áreas productivas, apoyos en bienes de capital y definición de áreas que potencien otros sectores; segundo, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y un Consejo Nacional de Evaluación de Política Social; los tres, el PND, el INEGI y el CONEVAL, han sido disminuidos con miras a anularlos.

Si la invocación del presidente López Obrador del artículo 25 constitucional que define la rectoría del Estado fue el anuncio de una reforma integral del aparato neoliberal salinista, entonces en el corto plazo debiera venir cuando menos la definición de tres instrumentos de la reactivación productiva: un nuevo plan de desarrollo, una nueva política económica y un nuevo Estado de bienestar.

Sin embargo, hasta ahora la rectoría del Estado carece de una propuesta de definición del nuevo Estado económico de bienestar de la 4T. Lo malo del caso es que ya pasó año y medio, la economía se hundió en la depresión económica por el coronavirus y no existe hasta ahora ningún plan o programa de reactivación con reconstrucción del aparato productivo y no se conocen leyes o instrumentos de redistribución del ingreso para conocer el modelo de justicia distributiva de la 4T.