Reconfiguración del sector vehicular pesado

En la industria de vehículos pesados se observa un periodo marcado por contrastes que obligan a revisar con seriedad la manera en que el país gestiona su capacidad productiva. La ANPACT, que preside Rogelio Arzate, presentó resultados que reconfirman un entorno complejo, aunque también muestran indicios de ajuste después de meses con indicadores en descenso. El sector mantiene un esfuerzo permanente para sostener una recuperación gradual que combine innovación, sostenibilidad y eficiencia operativa, y lo hace en medio de presiones internas y externas.

Los últimos datos de ventas al mayoreo ilustran con precisión el momento actual. El mercado registró una caída respecto al año anterior, tanto en el comparativo mensual como en el acumulado de enero a noviembre. Sin embargo, el ligero repunte frente a octubre revela un intento por estabilizar la colocación de unidades. No soluciona el problema de fondo, pero muestra que la demanda empieza a reaccionar después de meses sumamente adversos.

En paralelo a estos movimientos, la discusión nacional sobre la reducción de la jornada laboral tomó un lugar central. La industria agrupada en ANPACT se pronuncia a favor del fortalecimiento del empleo y de la competitividad, aunque subraya la necesidad de una transición ordenada hacia un esquema de 40 horas semanales. 

Para el sector, un cambio abrupto podría comprometer la viabilidad de los modelos de negocio y el ritmo de modernización, de ahí que insista en una ruta escalonada que dependa del incremento sostenido de la productividad.

El aumento del salario mínimo para 2026 añade otra variable al análisis. La industria reconoce el impacto positivo sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, aunque también entiende la presión que introduce en los costos. 

La ANPACT considera que el desarrollo integral de la fuerza laboral constituye una inversión que fortalece la cohesión interna y la competitividad, siempre que existan condiciones para sostener la operación de las plantas sin comprometer su estabilidad.

Otro elemento de peso surge con el reconocimiento “Hecho en México”, otorgado durante Expo Transporte ANPACT 2025. Este distintivo refuerza la proyección internacional de la industria, eleva la percepción de calidad y recupera un sentido de orgullo productivo. En un contexto de señales mixtas, ese tipo de avales institucionales adquiere relevancia porque fortalecen la confianza de proveedores, socios comerciales y trabajadores.

La discusión sobre la importación de vehículos usados desde Estados Unidos completa el diagnóstico. La entrada masiva de unidades desgastadas complica la renovación del parque vehicular, eleva riesgos ambientales y presiona a empresas que intentan competir con productos de mayor calidad y tecnología. }

La ANPACT insiste en medidas que contengan esta práctica, mientras agradece la participación de todos los actores que acudieron a Expo Transporte 2025 y que impulsan la construcción de una agenda orientada a la sostenibilidad y a la descarbonización. En ese diálogo se juega buena parte del futuro del sector.

*** ISSSTE sin desinfección 

Urge que Martí Batres ponga orden en el Hospital General del ISSSTE Toluca, pues los supuestos malos manejos de Rubén Ramírez y Julio Contreras Miranda, director y subdirector administrativo, ya habrían causado el fallecimiento de dos pacientes. De acuerdo con personal médico y derechohabientes, en las instalaciones se mueve una bacteria que ha crecido debido a la falta de insumos de desinfección como gel para manos, jabón líquido y cloro; así, todos se preguntan por qué persiste el pago del servicio si los materiales nunca llegan completos. 

Los afectados añaden que ninguno de los dos funcionarios muestra empatía alguna pese a la delicadeza del problema, por lo que se sospecha protegen a la proveedora del aseo ligada en el sector a José Juan Reyes Domínguez y José Juan Reyes Mote, personajes señalados por la probable operación de una red empresarial dedicada a simular competencia y a la evasión de cuotas obrero-patronales.

*** Fiscal en la mira

La presunta cancelación de la visa del fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, Guillermo Arturo Zuany Portillo, abrió un frente que rebasa los límites de la política local. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esas determinaciones corresponden al gobierno de Estados Unidos y se sujetan a reglas de confidencialidad. 

Sin confirmación ni elementos que motiven intervención federal, el caso permanece en una zona gris: avanza por la fuerza del rumor y por el silencio del gobierno de Maru Campos, un vacío que incrementa el costo político para el panismo. Zuany Portillo tampoco llega a este episodio con un expediente sencillo. 

Su trayectoria en zonas de alto riesgo, su presencia en mandos estratégicos y los episodios que marcaron a la Agencia Estatal de Investigación mantienen viva una percepción de desgaste institucional. El caso, confirmado o no, coloca al gobierno local frente a un escrutinio que ya se instaló en la conversación pública.

*** Denuncian cartel del despojo

TOME NOTA *** Empresas privadas y particulares que constituyen el “Cartel del Despojo”, quitaron más de 1,554 hectáreas de terrenos, muchos de ellos frente a la costa de Oaxaca, que en algunos casos escrituraron ilegalmente con el apoyo de notarios de la entidad.

Como parte de este “Cartel del Despojo”, se ubican  inmobiliarias como Grupo Pacífico Escondido, que vende terrenos que no le pertenecen en la localidad de Tutultepec. Otra grupo de ese cartel está encabezado por Juvenal Díaz, Abraham Díaz y Agileo Villavicencio, quienes se dicen propietarios de bienes en Playa Palmarito, que en realidad pertenecen a la comunidad.

La comunidad indígena chatina de Santiago Cuixtla, reconocida como núcleo agrario mediante Resolución Presidencial del 27 de marzo de 1989, denuncia públicamente la operación de una red de despojo de tierras comunales en la zona de Playa Palmarito y en los territorios ubicados alrededor de la Laguna de Manialtepec, del municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca.

El 14 de abril de 2024, autoridades comunales sostuvieron un enfrentamiento con individuos que se ostentan como propietarios mediante escrituras apócrifas. Según los comuneros, estas personas forman parte del denominado “Cártel del Despojo”, el cual opera con el respaldo de una célula del crimen organizado encabezada por un individuo conocido como “Bogar”, así como con la presunta anuencia de autoridades locales.

Los comuneros denuncian que esta red comercializa ilegalmente tierras comunales en Playa Palmarito y en la zona ecológica de la Laguna de Manialtepec, área de alto valor ambiental y turístico donde la privatización y urbanización están prohibidas por la legislación agraria y ambiental federal.

La operación estaría articulada por Jorge Eduardo Echaide Amador, previamente vinculado a esquemas de fraude por la venta de tierras comunales y ejidales como si se tratara de propiedad privada, en contra de quien, por el momento, se presentaron denuncias de fraude por 200 millones de pesos.

En otro caso similar, pobladores de El Coyul denunciaron el despojo de mil 554 hectáreas de playa y manglares, que son santuario de tortugas, por parte otra facción del cartel encabezado por Rigoberto Cruz Cartas y Joel López Ricárdez

La comunidad señala que el grupo delincuencial opera con armas de alto calibre, intimidando a los legítimos posesionarios y utilizando uniformes con insignias similares a las de la Fiscalía estatal, lo que ha generado un ambiente de hostigamiento y miedo entre comuneros y habitantes de la zona.

Testimonios apuntan a que autoridades del municipio de Villa de Tututepec han expedido permisos irregulares en favor de Rosa María González Mena, quien se presenta como sobrina del presunto jefe de la plaza, lo que le permite actuar sin restricciones. A lo que se suma la participación del notario Jesús Martínez Vigil, Notario Público N.º 2 del Estado de Oaxaca, señalado por presuntamente emitir escrituras apócrifas que consolidan estas operaciones.