¿Quién dice que prometer no empobrece?

En 2022 se pondrá a prueba la viabilidad de la Cuarta Transformación, pero si avanza sin contratiempos, habrá sembrado los cimientos del nuevo modelo económico de México.
Para avanzar en esos propósitos el presidente López Obrador hizo cambios radicales en la estructura financiera del país: removió al secretario Arturo Herrera, que se hará cargo del gobierno del Banco de México, y su lugar será ocupado por Rogelio Ramírez de la O, un experimentado economista en temas de finanzas públicas y es también un profundo conocedor de los mercados de materias primas, especialmente los energéticos. Por si fuera poco, es ampliamente reconocido en todo el mundo. Herrera pasará fácilmente la aduana del Senado de la república con el ciego voto de Morena.
De ese binomio, que para el gobierno significará recuperar el control de la política monetaria y de las finanzas públicas, se traducirá en un programa económico que desde el próximo año podría recuperar un horizonte que se creía superado porque invoca al rebasado Estado benefactor que, sin duda, sumará más seguidores al actual régimen.
Veamos. Ramírez de la O ya recibió cuatro encargos presidenciales que deberá incorporar desde el presupuesto para el próximo año, con lo que técnicamente asumirá también el control de todas las secretarías de gobierno, de otra forma no funcionaría el modelo económico que se pretende.
El que será tercer secretario de Hacienda del actual gobierno anunció que a partir de enero próximo se trabajará, como primer mandato, en asegurar un sano balance fiscal año con año hacia 2024; en segundo lugar, deberá proteger el uso de los recursos públicos; tercero, garantizar el sano financiamiento y actualización de cuentas en el sector energético y quinto, promover a la banca de desarrollo. Esto es, más austeridad pero sin abandonar la política de apoyos a un segmento de la producción.
Todo ello, sin aumentar impuestos, de acuerdo al compromiso con los empresarios más ricos del país.
Ahí están los pilares técnicos que deberán conducir la ruta en favor de la “economía moral”.
Como sea, el programa gubernamental está obligado a mantener los subsidios y transferencias que de manera extraordinaria el gobierno federal trasladó este año a la población a través de los programas sociales y con evidentes tintes electorales.
Durante 2021 y en el marco de las elecciones más grandes en la historia reciente de México, el presidente López Obrador canalizó mediante los programas sociales del bienestar 4 billones 618 mil millones de pesos, de los cuales 457 mil 905 millones fueron etiquetados como subsidios, cantidad que representa 10 por ciento de los recursos para los diferentes planes sociales, según se observa en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) autorizado.
Para entender el resultado del reciente proceso electoral hay que considerar que los recursos destinados para apoyos sociales son los más altos en las elecciones recientes.
En comparación con la votación de 2018, los subsidios fueron del orden de 8.5 por ciento del gasto programable, cuando el gasto programable autorizado entonces fue de 3 billones 803 mil millones de pesos, de los cuales 321 mil millones de pesos fueron para subsidios, que no recibió toda la población.
Con eso se confirma el dicho de que “prometer no empobrece, dar es lo que aniquila” y que no todo es para todos.
Políticamente, estos recursos ya no se pueden dejar de dar a la población; al contrario, se deben mantener e incrementar año con año, cuando menos en proporción similar al movimiento de la inflación, un indicador que depende de la política monetaria a cargo del Banco de México, que influye también en materia de tasas de interés y del tipo de cambio.
Así las cosas, las decisiones presidenciales en materia financiera, se construyen bajo una técnica política perfectamente elaborada y con una intención clara que exige del respaldo de las grandes empresas del país, que serán su aval a cambio de que no les cambien la estructura fiscal. Por eso, ya se les ofreció que no habrá aumento de impuestos porque sin ellos no se puede subsidiar.
Esperemos los datos que ofrecerá Ramírez de la O a los Diputados y, en especial, que la oposición haga su trabajo, por el bien de todos.