¿Quién compra, Quién vende huachicol?

La gran pregunta es a quién iban a vender la gasolina los pobladores de Tlalhuelilpan.

Como muchos otros, miles, de hidalguenses que viven del “huachicol”. Porque no estamos hablando de robo hormiga o de unos cuantos litros de gasolina, sino de un comercio organizado donde, obviamente, hay unos cuantos que reciben el dinero tranquilamente en sus oficinas.
¿Qué empresas compran, a sabiendas, en grandes cantidades “huachicol”? ¿Quiénes organizan los tianguis donde se vende? ¿Qué gasolineras se alimentan de esta gasolina robada?
A estas alturas, con indignación y dolor, sabemos que Tlahuelilpan es una de las poblaciones de Hidalgo que viven del “huachicol”, que sus habitantes son pobres, que los gobiernos locales y federales no les han dado muchas opciones. También tenemos la imagen de hombres con el rostro tapado por un pasamontaña que subían, antes del incendio, tambos con muchos litros de “huachicol” a vehículos de lujo.
La investigación de Alejandro Gertz Manero tiene que llegar a los criminales de “cuello blanco” que se benefician del robo de combustible sin arriesgar, prácticamente, nada.
Los gritos de la población, publicados en redes sociales, de triunfo, de haber vencido a la autoridad, cuando la gasolina salía del ducto, reflejan hasta que punto están acostumbrados a este hurto. De qué forma ven, veían como algo normal robarse gasolina y llevarla en toda clase de tambos, cubetas, para su entrega-venta.
Es decir, en ningún momento vieron el peligro. Y esto es responsabilidad directa, como muchas otras, del gobernador Omar Fayad que parecería más ocupado en tratamientos faciales que en sus obligaciones.
Porque tenía, tuvo desde hace muchos años, desde que fue procurador, desde que fue legislador, el conocimiento de la actividad ilícita que se realiza, abiertamente en muchas poblaciones de Hidalgo. Y en ningún momento se preocupó de comunicarles el peligro.
Ya no hablemos de hacer cumplir las leyes, que constitucionalmente tiene la obligación, sino simplemente de crear conciencia sobre los riesgos, graves, de manipular ductos y gasolina. De que podía explotar e incendiarse como sucedió. La profunda ignorancia de las víctimas que momentos antes del incendio se “bañaban”, literalmente, en gasolina, es su responsabilidad.
¿Qué sigue? ¿De qué manera va a evitarse otra tragedia como la de Tlahuelilpan? Además de cerrar los ductos, la respuesta oficial, del gobierno federal, tiene que ser castigar a los dueños del negocio. A las cabezas. A los que se han enriquecido con la venta clandestina de “huachicol”. Y, obviamente, a quienes compran esta gasolina robada. Este castigo es la única forma de romper la impunidad que ha vuelto costumbre el robo.
Y, obviamente, corresponde Protección Civil, ahora en la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular David León fue el único ausente en la noche del incendio, establecer protocolos. ¿Qué debe hacerse en el momento en que se descubre una fuga o, mejor dicho, un ducto que ha sido “picado” para extraer gasolina? ¿Qué campañas deben hacerse para que la población conozca los riesgos? Y, sobre todo, dejar establecido qué autoridad, local o federal, debe intervenir con qué uso legítimo de fuerza en qué momento…
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