Que los criminales paguen con su vida

La sociedad está harta y muy indignada por tantos feminicidios, secuestros, asaltos, violaciones y terror extremo. Hay miedo en las familias, temor por la seguridad de los hijos, zozobra ante la posibilidad de perder la vida o el patrimonio.

Hemos llegado al límite. Vivimos en un estado de excepción que ha provocado que cada día más hombres y mujeres vean con simpatía la aplicación de la pena de muerte.

Hace unos días nos estremecimos con la terrible noticia del asesinato de Fátima, la pequeña niña de 7 años que fue violada y martirizada por una pareja de chacales. Este caso es apenas un botón de muestra del paisaje de muerte provocado por la violencia criminal.

El agravio de hace mayor al comprobar que la impunidad acaba protegiendo a los delincuentes. Las estadísticas no mienten. En los últimos años miles de mujeres han sido asesinadas, cientos de familias han sufrido un viacrucis por la desaparición o secuestro de un ser querido; miles han padecido algún asalto o se han enterado de cómo un vecino fue robado o asesinado en la calle.

Ante este infierno no sorprende que el pasado 25 de marzo un grupo de diputados federales hayan presentado una iniciativa de reformas a la Constitución General de la República para que la pena de muerte sea resucitada y se aplique en casos de violaciones, feminicidios y homicidios dolosos.

En nuestro país la pena de muerte estuvo considerada en el artículo 22 de la Constitución de 1917. Su párrafo tercero originalmente establecía que se podía imponer “al traidor a la Patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar”. Sólo se prohibía por delitos políticos. Con el correr de los años este castigo extremo fue limitándose hasta que fue suprimido el 9 de diciembre de 2005.

A favor y en contra de la pena de muerte. Asunto polémico.
La propuesta de revivir la pena de muerte provoca ardientes discusiones. Tiene partidarios y detractores.

Para muchos la pena de muerte se justifica ya que hay seres humanos que no merecen ni siquiera ser alimentados cuando están encarcelados. Su maldad y el nulo respeto que tienen por la vida no admite otra opción que la que deriva en pagar con su vida por los delitos que han cometido. Es un correctivo para que expíen con su sangre sus crímenes. Los partidarios de la pena de muerte piensan que la pérdida de ciertos individuos resulta una ganancia para la sociedad al tiempo que se convierte en un acto de justicia. Es una forma de restaurar la armonía social eliminando a quienes la ponen en peligro.

En contraste, para la Iglesia católica la pena de muerte es inadmisible. No hace mucho y a propósito de este tema el Papa Francisco sostuvo que cualquier castigo que se aplique a un criminal (incluida la pena capital) debe “tener un horizonte de esperanza”. Este axioma supone la convicción de que los criminales pueden arrepentirse y salvarse, es decir son rescatables.

Por otro lado, para los defensores de los derechos humanos la pena de muerte es incompatible con los derechos esenciales de las personas; afirman que no se justifica volver al “ojo por ojo y diente por diente” o legitimar deseos de venganza enmascarándolos en el ropaje de la ley. La pena de muerte, para ellos, no tiene justificación ética, moral o jurídica.

Se defienda o se rechace la pena de muerte en algo tienen razón los legisladores que están proponiendo su aplicación, “es deber y obligación del Estado enfrentar a los criminales más desalmados con la severidad que se merecen”.

Sería viable y oportuno que se realizara una consulta pública para saber qué opina la sociedad, si estaría dispuesta a respaldar la pena de muerte o si se opone a ello. ¿Usted qué opina?