¿Qué esperar del 27?

En la coyuntura actual la confianza o el optimismo pueden tener un efecto pernicioso para el país. Se entiende necesario que la sociedad se movilice con motivo de los comicios y que el resultado de la elección signifique la recuperación de lo políticamente más rescatable del pasado previo al obradorismo: la coexistencia de la pluralidad. Sin embargo, ignorar las nuevas condiciones de la lucha política bien puede resultar en legitimar el régimen de la exclusión y la intolerancia a la diversidad política.

En este sentido, el reto mayor es tener claridad de qué puede aportar el proceso político asociado a los comicios. Dos aspectos deben tomarse en cuenta: el primero, se ha perdido la garantía de las elecciones en términos de una razonable contienda justa. No lo es por la ostensible inequidad de la que muchos participan (no sólo desde el gobierno), tampoco por la interferencia del dinero criminal o la acción de los cárteles, como ha ocurrido desde 2021.

El problema general es que no hay legalidad, no hay imparcialidad, menos justicia mínimamente confiable. Más aún, por si fuera poco, se ha incorporado una figura de nulidad que puede emplearse de manera discrecional en caso de que el régimen político necesitara revertir un resultado.

El segundo no remite a las reglas, instituciones o procesos, sino a la convicción de quienes mandan en el régimen político, evidente en las palabras de la presidenta Sheinbaum y en el mensaje reciente del líder moral del régimen político, el expresidente López Obrador.

En su imaginario se trata de la disputa por la nación, la defensa de la soberanía ante la embestida de la ultraderecha nacional e internacional ahora neofascista, calificativo aplicable a los adversarios, incluso, a los medios de comunicación independientes y sus conductores más visibles, sin dejar de lado el ecosistema digital, según creen, al servicio de la causa contra el país.

Se anticipa el fraude patriótico; la salvaguarda del país todo lo vale porque no hay causa superior que la nación, ni otra acción que su intransigente defensa. Se ha impuesto la visión de la justicia populista: frente a la legalidad neoliberal estará la determinación justiciera del pueblo para hacer valer el interés popular por encima de toda consideración legal o institucional.

Habrá a quien le parecerá esta reflexión un exceso o una reedición de la teoría del complot que siempre ha acompañado al obrarodismo; para despejar duda hay que escuchar a la cúpula en fechas recientes, tomar sus palabras con la seriedad que merecen.

No en valde el mensaje de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, con motivo del 15 aniversario del proyecto obradorista, recetó con convicción el calificativo neofascista a la oposición. No es un debate ni un insulto; es un aviso y un llamado a la acción de los propios.

¿Qué hacer? Primero, entender la singularidad del momento político para evitar que la elección sea un proceso que legitime la reedición autoritaria del régimen político, entre otras cosas, la escenificación de la sobrerrepresentación, golpe de Estado a la democracia mexicana. ¿Cómo hacerlo? Poner al descubierto la trampa y convocar al electorado a participar para complicar el robo y la imposición; orientar el esfuerzo cívico para que la oposición obtenga el mayor número de triunfos distritales. Elecciones concurridas son la mejor fórmula para anular el fraude patriótico. Resultó en el pasado y ha sucedido en experiencias recientes en otros países tan dispares como Venezuela o Hungría. El hecho de que la integridad electoral esté comprometida, razón mayor para que los ciudadanos salgan a votar.

Las condiciones de victoria son plausibles, pero no las que resulten de la confianza o ingenuidad, al contrario, claridad sobre la realidad en que se realizará la elección. Es un llamado al ejercicio del sufragio, con una jornada electoral rigurosa e inteligentemente observada a partir del testigo que la comunicación digital ofrece, un cuidado estricto del escrutinio y del traslado de paquetes electorales y otras prevenciones más que inhiban la tergiversación de la voluntad ciudadana.

En otras palabras, el objetivo primario de la elección de 2027 es despojar al régimen político del poder legitimador de una elección comprometida por la ilegalidad, la parcialidad y la trampa. Como tal, el espacio de disputa debe plantearse en el territorio, en la lucha por el voto en la competencia municipal y estatal, donde el régimen es más frágil y vulnerable. Concitar la participación y convocar al ciudadano a defender lo suyo.