Presupuesto, T-MEC y GN,  con equidistancias estratégicas

Los debates partidistas y legislativos se han centrado en la confrontación de posiciones a partir de enfoques ideológicos, pero se ha perdido de vista el mapa estratégico nacional: la discusión sobre el fortalecimiento de la Guardia Nacional a través de la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional, la presentación del marco macroeconómico entregado al Congreso y las discusiones y amenazas en torno a sanciones por presuntas violaciones al cumplimiento de compromisos del Tratado de Comercio Libre.

En medio de una retórica económica de las doctrinas neoliberales vigentes, la meta de crecimiento económico para 2023 fue distorsionada por Hacienda con el manejo de rangos de PIB, un piso de 1.2% y un techo de 3%, con un espacio de 1.8 puntos porcentuales para disfrazar la incertidumbre, aunque con indicios de que el crecimiento de la economía se encuentre más en el rango inferior que en el superior.

Las expectativas de crecimiento económico envían el mensaje de una economía deprimida que no ha sido capaz desde 2019 de ofrecer empleos en el sector formal al 1.2 millones de mexicanos que se incorporan a la economía por primera vez cada año, lo que sigue revelando la fragilidad del modelo de desarrollo que estaría apenas presentando posibilidades de empleo solo a un tercio de la nueva población económicamente activa y dejando a los dos tercios restantes en el espacio de la economía informal o del desempleo, es decir a disposición de la inseguridad, la delincuencia y el crimen organizado.

El fortalecimiento del aparato de seguridad interna del Estado se presenta –aunque sin aceptarlo– como una necesidad estratégica ante el fortalecimiento y expansión del crimen organizado y sobre todo la delincuencia desorganizada que se nutre de la crisis social de los mexicanos y de la falta de oportunidades de empleo.

El cuadro ser completa con la información de que el comercio exterior de México por el fortalecimiento del T-MEC se acercó a los 400,000 millones de dólares, contra los 35,000 millones en promedio de los tiempos anteriores al tratado; sin embargo, el incremento del comercio exterior que implica mayor riqueza derramada en México no se ha notado ni en el crecimiento económico que sigue siendo un mediocre 2% promedio desde el inicio del ciclo neoliberal en 1983, ni en la modernización de la planta productiva que pudiera repercutir en la oferta de empleo profesional, ni tampoco en la creación de empleos formales –salarios más prestaciones sociales– que sigue siendo menos de la mitad de la población económicamente activa, sobre todo con la cifra oficial de que el 75% de los trabajadores gana entre uno y tres salarios mínimos y que el 80% de los mexicanos viva con una a cinco restricciones sociales.

Este escenario de una economía incapaz de proporcionar bienestar a sus ciudadanos y el refrendo anual de políticas económicas neoliberales y posneoliberales que no han replanteado el modelo de desarrollo explica la prioridad insistente de los gobiernos federales y de las bancadas legislativas en los últimos años para ir fortaleciendo los aparatos de seguridad contra la delincuencia organizada y desorganizada que se nutren del desempleo y de las necesidades de bienestar insatisfechas de los mexicanos por políticas de desarrollo que siguen atendiendo a las restricciones macroeconómicas impuestas por el Fondo Monetario internacional y no ha sido capaz de crear políticas productivas que eleven el empleo formal y el bienestar.

Los debates en los espacios legislativos sobre estos tres temas que tienen una interrelación estratégica –Guardia Nacional, marco macroeconómico y desacuerdos en el Tratado comercial– ha mostrado a una clase gobernante con incapacidad notoria para entender las necesidades del país y para usar los instrumentos de decisión que se requieren ante la necesidad de modificar el modelo de desarrollo para promover más el empleo y disminuir las tensiones sociales y políticas ante el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad.

El paquete económico de Hacienda presentado por el secretario Rogelio Ramírez de la O en nada difiere de la estructura técnico-ideológica de la definición de la orientación de la política económica neoliberal. Aún si se lograra la hipotética meta de 3 por ciento de PIB, el efecto social en el desarrollo será menor porque la distribución presupuestal hoy se ha olvidado de las políticas sociales y se ha centrado en objetivos concretos de los proyectos sexenales.

En este contexto, el 2023 será igual a los últimos 40 años.

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