Precarizar

La Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, se logra con personas y máquinas, pero es indiscutible que la escasez del recurso financiero aniquila cualquier capacidad que se tenga o construya.

La precarización de la CTI ha tomado dimensiones mayúsculas en la administración actual.

Nunca administración alguna cumplió con lo que fue mandato constitucional en términos del financiamiento público en relación al PIB.

Está escrito en pasado porque la fracción V del Artículo 3º constitucional fue reformada según lo publicado en el DOF, fechado el 15 de mayo de 2019, para quedar como a continuación transcribo:

“Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura…”, se eliminó el 1% del texto, fue madruguete.

La obligación del Estado para financiar las actividades en CTI ha sido removida para quedar en la vaguedad de “deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia”; leyes que están congeladas, en forma de un anteproyecto oficial, para reformar la Ley de Ciencia y Tecnología, LCyT, que precarizaría aún más a la CTI si fuere aprobado y decretado.

Así la fracción V del 3º Constitucional reconoce el derecho de toda persona, pero no fija obligación alguna para el Estado, al menos no con claridad; el garlito está en la palabra suficiente sin que se explique lo que significa con precisión.

En el hecho, el financiamiento ha caído exponencialmente en los tres años recientes en relación a la primera mitad del sexenio anterior.

El financiamiento es necesario, pero hay elementos adicionales, escurridizos duendes perversos, que precarizan a la CTI mexicana; precedentes y actos de alto riesgo para lo que México ha construido en las 5 décadas recientes, a pesar del desdén reiterado de gobiernos, en materia de CTI.

Uno, el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, impuso una nueva clase de productos sin que estuviera claro, incluso para CONACYT, en qué consiste la clasificación de productos llamados de Acceso Universal del Conocimiento; ausencia de criterios en existencia, calidad y otros.

Además, se ha omitido difusión clara de lo que significa e incluso artículo transitorio alguno para permitir que la comunidad entienda, al menos, los documentos probatorios que deben alimentar al sistema digital de evaluación cuando realizan su solicitud al SNI.

Luego, cada persona alimentó la información que consideró apropiada para ese campo, unas personas acertaron a otras no fue aprobada su membresía; con afectación en la beca que por este concepto reciben, es un claro factor de precarización.

Otro, más sutil y burdo a la vez, es el control institucional materializado en el CIDE, y pedir renuncia a la dirección general de centros públicos de investigación, CPI, si expresan opinión desalineada a la de CONACYT; están el CICY, CIESAS y mas; tanto que quienes dirigen actualmente a algún CPI temen hasta emitir cartas de recomendación para el concurso en distinciones académicas, un absurdo.

La sombra más perniciosa, la precarización por normalización de actos vituperiosos, está en el uso de órganos colegiados para resolver en favor de quienes ostenten poder; como en el caso de admisión del titular de la Fiscalía General de la República al SNI sin que él cumpla los requisitos que al resto de solicitantes se exigen.

Normalización vituperiosa por tolerar plagio con una comisión que ha abierto más dudas al desechar los señalamientos anti-éticos del fiscal.

Precarizar la CTI es modo de operar en este CONACYT, lamentable.