Posgrados nacionales

Cuando CONACYT anunció, en julio de este año, durante un evento del Instituto Mora, que buscaría modificar el programa nacional de posgrados no estuvo claro el grado de afectación a este pilar estructural de la Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, nacional.

Ahora sabemos que la idea es o más perversa o más torpe y, en consecuencia, de cualquier caso o su combinación, perjudicial.

Me dicen de las reuniones para organizar nuevos posgrados nacionales; unos que pretenden sujetar a las instituciones en la voluntad centralizada de CONACYT, con clara transgresión a la autonomía académica que debe regir a la CTI.

La idea está plagada de errores, omisiones, limitaciones y despropósitos; todo enmarcado con la retórica oficialista de la 4T, teñida de veneración a la persona, con frases lamentables por la pobreza crítica, más que edificada en el análisis técnico detallado. 

No se han convocado a especialistas en las materias de CTI que pretenden atender esos posgrados; como uno de toxicología ambiental sin que haya núcleo académico básico suficiente en ninguna de las instituciones involucradas, entre muchos mas. 

Se trata de posgrados interinstitucionales que excluyen a universidades públicas, con basamento sólo en los Centros Públicos de Investigación que coordina el CONACYT mismo, ello, claramente, para lograr un control político-administrativo y financiero.

Entre las omisiones está que, desde Insurgentes Sur, en la CDMX, se proyecta incrementar la matrícula, pero sin incremento del presupuesto federal a becas por competitividad.

No olvidemos que en el lustro y medio más reciente el número de becas que CONACYT otorga se ha mantenido constante, sin incremento mientras la demanda por estudiantes admitidos aumenta; hecho que ha forzado a las instituciones de educación superior, IES, a operar programas de posgrado con bajos indicadores por falta de becas.

Ya que el PEF 2022 pinta igual a años pasados en este sentido, ante un presupuesto limitado para becas, la alternativa para CONACYT será cerrar más la llave a posgrados que ya operan en el, todavía, Padrón Nacional de Posgrado de Calidad; ahorcando hasta la asfixia, por ejemplo, a cuerpos académicos jóvenes en universidades públicas que con dedicación 24/7 han logrado avances.

Ahí no para la cosa, se le ha dicho a quiénes invitan a esas reuniones, invitación que no ha sido abierta sino por dedazo, que habrá una convocatoria específica para quienes formen parte de estos posgrados nacionales –tal vez sólo sea zanahoria, pero no son burros ni mulas-; el meollo del asunto es que la convocatoria será exclusiva para quienes formen parte de esos posgrados nacionales, por ello excluyente para quienes no, esto implica discriminación pues una convocatoria abierta será en realidad cerrada a quienes se les haya involucrado con antelación.

Un terrible despropósito es la velada, no tanto, aunque lo intentan, intención de doctrinar a quienes se invitan a las reuniones de organización. 

Otro despropósito es ignorar el derecho y la historia en esta iniciativa.

No tiene claro cómo definir qué institución recibirá la obligación de emitir los títulos de grado para emisión de la patente por cédula profesional; ¿qué Director General y Secretario Académico o equivalente firmarán los títulos, de cuál institución? 

El asunto no es trivial, pues en caso que una autoridad requiera verificación del grado que ostente una persona egresada de esos posgrados, ¿a qué institución será solicitada? A CONACYT no, porque no está en la ley que sea su función otorgar grados, para eso están las IES.

Estos dos supuestos últimos no son ejercicios ociosos, ya que una eventual situación podría dejar en indefensión a alguna de las partes sobre las cuales una autoridad deberá dictar razón jurídica.

La idea tiene historia de fracaso por complicación y efectos; pues los recursos para la investigación podrían terminar en donde se tenga la sede el posgrado, mientras se requieran dónde se realizan los estudios. 

CONACYT no da una.