Reconocido de manera oficial; el Mayo era jefe político en Sinaloa
El pasado 6 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó Morelia en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentando una serie de anuncios educativos que el gobierno federal califica como "históricos". Es claro que se intenta conformar la narrativa de que Michoacán es laboratorio de una política pública ambiciosa: usar la educación como ariete contra la violencia y motor de pacificación.
Pero más allá de las cifras y los discursos, ¿qué nos dejó realmente esta visita? ¿Estamos ante una transformación educativa genuina, ante otro ejercicio de marketing político o algún matiz entre ambos extremos? Es importante hacer un balance de las fortalezas innegables, de las debilidades preocupantes y de las omisiones que podrían convertir una oportunidad histórica en otra promesa incumplida.
I. Lo que sí merece reconocimiento
El Plan Michoacán representa, al menos en papel, un esfuerzo sin precedentes. Y hay logros concretos que deben reconocerse.
Primeramente, un sistema de apoyos sociales, denominados becas, de alcance mayoritario, tendiente a universal. Michoacán es hoy el único estado de México con cobertura de apoyos desde primaria hasta universidad. La Beca Gertrudis Bocanegra, consistente en $1,900 bimestrales, 5 bimestres anuales; la Rita Cetina para nivel básico y los apoyos de $1,650 bimestrales para 11,050 niñas y niños indígenas y afromexicanos de 0 a 4 años conforman un entramado de protección social que, de implementarse bien, puede cambiar destinos.
La inversión de $418.7 millones de pesos en la Beca Gertrudis Bocanegra es presupuesto real. Y el operativo territorial —778,904 viviendas visitadas en los 113 municipios— demuestra que existe voluntad de llegar al último rincón del estado.
Así también, hay que reconocer ambición en construir infraestructura educativa. La meta de crear 30,000 nuevos espacios en educación media superior y 50,000 en educación superior responde a una necesidad real. Michoacán tiene déficit de cobertura, especialmente en zonas rurales y municipios alejados. Los 90 proyectos programados: 10 nuevos bachilleratos tecnológicos, 20 ampliaciones y 60 ciberbachilleratos, acompañados de una inversión de $1,041 millones en 31 instituciones de educación superior, son favorables.
La llegada de la Universidad Nacional Rosario Castellanos a Zitácuaro, Múgica y Zacapu es significativa y que inicien clases el 2 de marzo es un avance tangible.
Promover cultura y ciencia. La distribución de 20,000 libros del Fondo de Cultura Económica, las 17 ferias de ciencia realizadas en semanas, el Librobús circulando por la Meseta Purépecha y los encuentros "Comunidades Artísticas, Patrimonio y Memoria" en zonas de conflicto muestran que la batalla contra el crimen organizado no se gana solo con soldados, sino con libros, microscopios y conciertos. Arrebatar el imaginario colectivo de los jóvenes a la violencia mediante la curiosidad intelectual es una gran estrategia de largo aliento.
II. Las inconsistencias.
Todo lo anterior, por valioso que sea, no puede hacernos perder de vista las grietas profundas que amenazan con convertir esta oportunidad en otra desilusión para las familias michoacanas.
III. Las omisiones graves que nadie menciona.
Primeramente, la seguridad escolar. Michoacán vive una crisis de violencia crónica. El Plan Michoacán no dice una sola palabra sobre esto. De nada sirve construir 90 planteles nuevos si los estudiantes no pueden llegar a ellos sin miedo.
2. Salud mental. Una generación entera ha crecido rodeada de desapariciones, ejecuciones y desplazamientos forzados. El Plan Michoacán no menciona ni una vez la palabra "salud mental".
3. Inclusión de estudiantes con discapacidad. El documento oficial no lo especifica. Si los nuevos planteles no son inclusivos, se estará perpetuando la exclusión.
IV. Qué hacer.
El Plan Michoacán no es perfecto, pero tiene potencial genuino de transformación.
Universalizar la Beca Gertrudis Bocanegra, difundir estándares de calidad, blindar presupuestos, atender seguridad y salud mental y exigir transparencia proactiva son tareas urgentes.
Los 93,588 jóvenes no son cifras: son destinos, son familias.
El futuro educativo de Michoacán está de por medio. Y depende de todos que el Plan Michoacán no sea otra oportunidad perdida.
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