Plagiocracia

Hace poco se acuñó el término tecnocracia; usado para denostar a quienes, con una forma de pensamiento específica, basada en una técnica económico-social, impulsaron políticas públicas en diversas materias.

Ser tecnócrata no era ni es delito, tampoco se cimienta en delito alguno, es una forma de decidir sobre políticas públicas calificadas de equivocadas y malignas por quienes entonces eran oposición.

La plagiocracia es muy diferente y causa agravios en diversos ámbitos, es ejercicio de poder público con una base de justificación en la obtención de grados y publicación de obra a partir de la copia de obra original creada por terceros.

El plagio es delito, pero hay otras implicaciones.

Una situación muy grave es que el titular del ejecutivo federal, Jefe del Estado Mexicano, construya apología del delito de plagio al asegurar que es una falta mucho menos grave que otras; es delito y punto.

A cada falta a la ley le corresponde una pena o sanción de conformidad a lo mandatando en la norma correspondiente dónde se tipifica y específica la falta y sus agravantes y atenuantes.

Es decir, aunque haya otras personas que hayan delinquido, no por eso el plagio deja de ser delito; quien delinque es delincuente y le corresponde una sanción definida para el hecho delictivo y las circunstancias sobre las cuales éste se hubiera consumado.

La apología del delito se encuentra en diversos espacios de la sociedad, como en narcocorridos o en justificaciones sociales y familiares, pero que quien ha jurado cumplir y hacer cumplir la constitución, tanto como las leyes que de ella emanan, o sea en voz del Jefe del Estado Mexicano, es mas que un escándalo; una afrenta a la sociedad mexicana.

La plagiocracia ha llegado a la administración pública federal y ha sido documentada.

Mucho se ha insistido, sin mayor efecto, en el plagio del titular de la Fiscalía General de la República, quién ha recibido beneficio y reconocimiento del CONACYT por la obra plagiada.

La autoridad que debe procurar la justicia es señalada del delito de plagio, señalamiento que no ha sido desmentido, sino confirmado, y otra autoridad federal, ésta segunda en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, le otorga reconocimiento por ello; es apología formal del delito.

Luego está el caso del nombramiento de autoridades en un Centro Público de Investigación coordinado por el CONACYT; el titular del CIDE es Director General y Representante Legal de esa Asociación Civil, con convenio de despeño federal signado por SHCP, también es plagiario; además en su equipo directivo también hay personas que han sido señaladas con ese carácter, en ningún caso se ha desacreditado tan grave señalamiento.

La CTI mexicana, como estructura institucional y ecosistema científico, no goza de prestigio global, la afrenta del plagio es, entonces, muy grave pues hay muchos colegas que con las uñas y esfuerzo diario intentan posicionarse en el concierto científico internacional a pesar de las condiciones desestructuradas e insuficientes para la generación y aplicación de conocimiento en el contexto de la educación superior así, de esa manera, batallan personas e instituciones; ni hablar de la CTI donde la cosa está peor.

El asunto además toma dimensiones mayúsculas cuando en el órgano colegiado, que debe resolver e interpretar sobre nuestra constitución política, tiene en sus filas a personas plagiarias; esa persona debe dejar el cargo, al menos hasta que se resuelva el fondo del asunto, así no usaría su silla para encubrir esa falta a la ley, no es suficiente que otra persona haya sido elegida para presidir la máxima tribuna.

Tenga usted en mente implicaciones en votaciones cerradas, como los casos recientes que sentenciaron la no inconstitucionalidad de iniciativas de reformas a leyes secundarias, de ese nivel el alcance e implicaciones del asunto de plagio en la SCJN.

No se exagera al decir que la UNAM tiene frente de sí la defensa de su autonomía o la sumisión a la voluntad política de la plagiocracia.