Olga y la increíble y triste historia de un florero antifeminista

Como parte de la vieja demagogia priísta, una fotografía de mujeres de la Cuarta Transformación registra la figura festiva de una de las funcionarias del gobierno actual que representa el fracaso de la política del derecho a la vida de las mujeres: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación hasta agosto de 2021 y en cuya oficina nunca se supo procesar su responsabilidad directa en la aplicación de la vigente Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Esta ley tiene la responsabilidad de decidir las alertas de género y de coordinar todos los instrumentos del Estado para proteger la vida de las mujeres de todo tipo de violencia; sin embargo, en los más de dos y medio años de gestión de Sánchez Cordero como titular de Gobernación, las cifras de agresión y asesinatos de mujeres por su condición de género se multiplicó hasta el grado de justificar las expresiones de violencia callejera cada 8 de marzo como una forma de recordar el fracaso de la funcionaria.

Hoy Sánchez Cordero es senadora y presidenta de la mesa directiva, además de utilizar como argumentación de defensa sus quejas contra el machismo en el gabinete presidencial actual, pero que fueron aceptadas y procesadas con la sumisión del antiguo rol de género del masculinismo del poder. Eso sí, la legisladora se asume hoy como feminista, de izquierda libertaria y todo lo que tenga que ver con el discurso ideológico de la 4ª-T.

En la Secretaría de Gobernación, Sánchez Cordero tuvo en sus manos la responsabilidad de declarar alerta de género por violencia feminicida y por violencia de género contra las mujeres, cayendo en la crítica que establece la ley respectiva respecto a que la pasividad gubernamental puede “conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Gobernación declaró alerta de género en varias entidades de la república, pero la secretaria Sánchez Cordero nunca tuvo la capacidad ni la decisión de hacer cumplir los aspectos más importantes de esa declaratoria y que se reducían no solo a proteger la vida de las mujeres, sino a procesar iniciativas concretas para terminar con el machismo violento y criminal contra las mujeres que en los últimos 30 años han tenido un posicionamiento creciente en la vida nacional.

La aplicación de la Ley de acceso a las mujeres a una vida sin violencia –en una caracterización resumida de su nombre oficial– sigue siendo uno de los puntos más graves de la estrategia gubernamental de seguridad pública, con la circunstancia agravante de que los delitos contra las mujeres han aumentado en estos dos años de confinamiento, en la desarticulación de la célula familiar por problemas de empleo y bienestar y en el repunte del enfoque machista por el papel clave de las mujeres en la articulación de las familias.

La ley a favor de las mujeres tenía el instrumento de declaratoria de alerta de violencia de género, pero la Secretaría de Gobernación de Sánchez Cordero nunca cumplió con su responsabilidad política y de género y no tuvo la capacidad para imponer las funciones de su dependencia a nivel nacional para intentar detener las circunstancias de violencia contra las mujeres. Las declaratorias de alerta de género se ahogaron en la burocracia de los estados y del gobierno federal y nunca pudieron cumplir su función de instrumentos de autoridad del Estado y de las oficinas del gobierno responsables para detener y socializar el problema de la violencia contra las mujeres.

La fracción 1 del artículo 26 de la Ley fue letra muerta en la Secretaría de Gobernación a cargo de la exministra de la Corte que tuvo alguna vez la responsabilidad de obligar al Estado a cumplir con las leyes: la fracción 1 declara el derecho de la mujer a la “justicia pronta, expedita e imparcial” y obliga al Estado a “investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables”. La tasa de impunidad de feminicidios de represiones contra las mujeres durante la gestión de Sánchez Cordero en Gobernación ha sido la más alta y de manera automática se ha convertido en la justificación para seguir aumentando las agresiones contra las mujeres.

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