Nuevo acoso al ejército cuando cárteles escalan fuerza y armas

Las agresiones de un grupo de La Tropa del Infierno del Cártel del Noreste contra fuerzas militares derivaron en un fuerte enfrentamiento y en un video parcial donde se escucha la voz de un soldado diciéndolo a otro que matara a un civil. Sin esperar indagaciones en curso y en base a un fragmento de segundos del audio ha comenzaron una campaña para, de nueva cuenta, sacar a las fuerzas armadas de su participación constitucional en labores de apoyo a la seguridad pública en fase de crisis de la seguridad interior.

Sin exculpar a priori a las fuerzas federales de grados diferentes de uso de la fuerza, el escenario es más estratégico: la fase de construcción de la paz de la estrategia nacional de seguridad pública ha dado a los cárteles del crimen organizado y a otras organizaciones delictivas el tiempo suficiente para la adquisición de armas y pertrechos para sus actividades contra las leyes.

El grupo de La Tropa del Infierno de Nuevo Laredo mostró capacidad de armamento, pertrechos, logística y movilización de efectivos que estarían indicando una mayor organización profesional y a ello le han agregado grupos especiales de denuncia social mediática contra respuestas de las fuerzas armadas. A lo largo de la participación indirecta y directa de las fuerzas armadas en labores de seguridad publica en fase de seguridad interior ha habido una tendencia decreciente a la denuncia de abusos. En este sexenio, por ejemplo, no pasan de tres, cuando en el pasado eran decenas.

La intención final es sacar a las fuerzas armadas de la seguridad pública, y más ahora que ya existe, vía el Quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional y del decreto oficial en el Diario Oficial del 11 de mayo del 2020. Es contradictorio que existan grupos sociales que estén presionando para disminuir la participación de las fuerzas armadas en seguridad interior y asuman con estridencia casos de presunto abuso de fuerza, pero que nada hayan hecho para obligar al Estado a disminuir la capacidad de fuego de los grupos delictivos.

Las cifras de violencia criminal que circulan cada día 20 de cada mes son un reflejo de la creciente organización, fuego y ofensiva terrestre de grupos delictivos, ante fuerzas de seguridad acotadas no sólo por leyes sino sobre todo por las quejas ciudadanas. El problema no es que existan cada vez más abusos, sino que hoy se tienen marcos legales y sociales más estrictos para investigarlos y castigarlos.

El crecimiento de las actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación, del Cártel del Pacífico, del Cártel del Noreste y del Cártel de Santa Rosa de Lima, entre muchos otros grupos delictivos, y acciones como el brutal atentado en Cuidad de México contra el secretario de Seguridad del gobierno local con armas adquiridas en tiendas locales, ilustra que los delincuentes han usado la fase de la construcción de la paz para fortalecerse y no para disminuir sus actividades.

Los abusos de fuerza por parte de las autoridades deberán ser castigados, pero la sociedad debe entender el contexto de las campañas de desprestigio contra las fuerzas armadas que apoyan la seguridad pública por crisis de la seguridad interior.

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EE. UU. 2020. Las campañas electorales están exhibiendo uno de los problemas existentes en los EE UU desde hace tiempo, pero como crisis evidente desde 2016: el papel militante de los grandes medios de comunicación impresos y electrónicos para construir preferencias políticas. Ahora se les ve tachando a Trump de loco y a Biden de mesurado y estadista, contando minuto a minuto las mentiras de Trump y olvidándose de las de Biden.

En los EE UU es democrático que los grandes medios declaren de manera oficial su preferencia electoral, pero con la condición de mantener la objetividad, el equilibrio y la sensatez en la crítica al otro adversario. Este modelo periodístico que fue ejemplo mundial ya se agotó. Y hoy se ve a los grandes diarios y cadenas participando en campañas contra Trump.