Nada justifica la agresión física, psicológica, sexual, emocional, económica… a un ciudadano, sea mujer u hombre; sea niño, joven o viejo.

         Por tanto, ningún agresor debe quedar impune –sean un agresor civil, uniformado o criminal–, si es responsable de cualquier tipo de ataque a un ciudadano, mujer u hombre; sea niño, joven o viejo.

         Y tampoco hay duda que los tres órdenes de gobierno están obligados a redoblar esfuerzos para contener una ola de violencia criminal creciente contra los ciudadanos, sean mujeres u hombres; sean niños, jóvenes o viejos.

         Por eso, resulta saludable que un sector social –agredido de manera sistémica, como el de las mujeres–, salga a la calle a exigir que la autoridad ponga un alto a las agresiones cotidianas que las mujeres sufren en todos los espacios sociales en los que se desempeñan.

         Sin duda que deben gritar un sonoro “¡ya basta!” que se escuche en todo el territorio nacional y sin duda deben exigir a los tres órdenes de gobierno y a los Tres Poderes de la Unión el fin la violencia y, sobre todo, que no venga de los responsables de proteger a los ciudadanos, en general, como los policías.

         Sí, los ciudadanos en general debemos aplaudir que las mujeres –junto con toda la sociedad–, hagan suyas las calles y que griten a todo pulmón un “¡ya basta” capaz de sacudir las conciencias de toda la sociedad contra una violencia que nos alcanza y nos daña a todos.

         Tampoco hay duda que la protesta callejera es el recurso privilegiado de una sociedad que no es escuchada y cuyas autoridades parecen olvidar su tarea fundamental; proteger la vida, la seguridad, las propiedades y la tranquilidad de los ciudadanos todos, sean hombres o mujeres; niños, jóvenes o viejos.

         Sin embargo, es intolerable que una manifestación callejera convocada por mujeres para repudiar la violencia contra las mujeres, termine en todo aquello contra lo que dicen protestar; en violencia contra los ciudadanos todos, incluidas las mujeres y, en especial, contra las instituciones.

         Y es que nada ni nadie puede justificar que la marcha del pasado viernes –que fue organizada por distintos sectores femeniles para protestar contra la violencia de policías contra las mujeres–, haya transcurrido en medio de agresiones generalizadas, vandalismo, violencia colectiva, expresiones de odio entre mujeres y hombres y en destrozos que, a la vista de los videos, no son más que vulgares delitos.

         ¿Para eso fue convocada la marcha callejera de las mujeres; para exhibir el odio colectivo, para confrontar a los ciudadanos, a hombres y mujeres; para dar lugar a montajes de provocación que ensucian la protesta para cobrar venganzas políticas, para dañar la imagen de la protesta femenil, para retar a la autoridad capitalina, para cometer delitos de la peor calaña, para exhibir el cobarde ataques de mujeres y hombres contra periodistas?

         Está claro que cada quien y cada cual –organizadores y participantes–, tiene su versión, su justificación y su razón, pero lo cierto es que nada justifica la violencia, la provocación, los montajes de agresión, el vandalismo, los destrozos y, sobre todo, la triste y lamentable demostraciones de odio de ciudadanos contra ciudadanos; mujeres y hombres.

         Está claro que existieron infiltrados, es evidente que manos perversas ensuciaron la marcha con fines sucesorios rumbo al lejano 2024, abundan las pruebas de montajes para ensuciar la protesta y son claras las señales de que grupos organizados e identificados orquestaron la violencia y el vandalismo.

         Sin embargo, frente a la violencia organizada lo verdaderamente grave es la debilidad de las instituciones del Estado; de los tres órdenes de gobierno.

         ¿Por qué?

         Porque la responsabilidad de las instituciones del Estado no es justificar lo ocurrido, tampoco decir que la autoridad no caerá en provocaciones y menos esconderse de sus obligaciones.

         El Estado, en su concepción clásica, tiene la obligación de velar por la vida, el bienestar, los bienes y la seguridad de los ciudadanos.

         En la marcha del viernes –y contrario al espíritu de la movilización–, se puso en peligro la seguridad, la vida y el bienestar de no pocos ciudadanos.

         Ante la violencia flagrante la autoridad fue incapaz de impedir el agravio a la seguridad, la vida y el bienestar de muchos ciudadanos.

         Y es que en la capital del país, igual que a nivel federal, la consigna parece ser la cobardía de Estado, el miedo a usar la fuerza del Estado a favor de los ciudadanos.

         Nadie pide represión, exigimos la acción del Estado y la aplicación de la ley contra los violentos, vándalos y criminales; sean hombres o mujeres.

Y es que ante la cobardía de Estado, lo que sigue es la ingobernabilidad, la anarquía y el caos.

         Al tiempo.