Ni los gobiernos neoliberales se atrevieron

Pero la administración morenista, con el Congreso de la Unión a su favor, ha decidido aplicar un impuesto a quienes lleguen a alguno de los destinos nacionales a través de cruceros.

No impactará el mercado turístico, dice el discurso oficial, y para el 2025 se esperan 9.3 millones de cruceristas con beneficio a las arcas nacionales por unos siete mil 800 millones de pesos.

Tal vez no lo reflexionaron los altos funcionarios ni los legisladores oficiales -Morena, PT, Verde-, pero dejaron libre otra vía de captación: cobrar a quienes se internan a través de las fronteras.

Porque es parte del debate desde hace varios sexenios.

Con Felipe Calderón, por ejemplo, se pensó hacer efectivo ese cobro por derechos y servicios a quienes ingresan al territorio mexicano por mar o por tierra, pero no hubo decisión.

Hubiera sido muy sencillo, pues bastaba quitar la exención del Derecho de No Residente (DNR), como se le conoce desde entonces en la Ley Federal de Derechos.

VIEJO DEBATE

Fue un debate sin acuerdo.

En el caso de los cruceros, el más viable y fácil de controlar, se buscó un consenso a fin de generar derramas con los mayores beneficios.

La propuesta más cuerda era dedicar 30 por ciento a servicios migratorios -petición de Cecilia Romero desde el INM y quien negoció la captación vía aerolíneas- a fin de ofrecer mejor servicio a millones de visitantes.

Un 30 por ciento más iría al Consejo Nacional Promoción Turística de México (CPTM), organismo desaparecido por Andrés Manuel López Obrador, y el 40 por ciento restante a la federación.

Hoy la medida se toma sin el análisis respectivo.

Por eso el presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, pide diálogo; las navieras se dicen sorprendidas porque no tienen contemplado ese cobro y la senadora panista Mayuli Martínez (Quintana Roo), no duda:

-Es la estocada final al turismo.

Ella representa al estado por donde llegan la mitad de los cruceristas (Cozumel y Mahahual), mientras el resto se lo reparten Ensenada, Cabo San Lucas, Mazatlán, Puerto Vallarta y Acapulco, a los cuales se les quita competitividad turística.

¿Y EL DESTINO?

1.- Gobierno y legisladores eludieron el debate en donde debe centrarse: en la transparencia y destino de los recursos recaudados entre cruceristas.

Tradicionalmente dedicado el DNR a servicios migratorios y promoción turística, ahora se pretende redirigirlo a infraestructura y mantenimiento sin claridad.

Como presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, David Ortiz Mena, hizo el planteamiento a nombre de una región con 130 mil cuartos y generadora de 50 por ciento de las divisas turísticas.

Llamó a los legisladores a considerar ese aspecto y otro más: los retrasos en la entrega de aviones por Airbushan causado incrementos hasta de 60 por ciento en tarifas y caída de asientos en 10.6 por ciento.

Y 2.- Acapulco inició diciembre con una ocupación hotelera de 80.9 por ciento, dato promisorio para la recuperación en las próximas vacaciones de fin de año.

Para dar seguridad a los viajeros, la gobernadora Evelyn Salgado expondrá hoy ante Omar García Harfuch su dispositivo para todo guerrero ante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.