Mujeres indígenas, otro pendiente del Estado con el género

En pasados días, para ser exacta el día 05 de septiembre se conmemoro un año más del Día de la Mujer Indígena que se estableció desde 1983 en el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, Tiahuanacu, Bolivia, el objetivo siempre fue para centrar la atención en las mujeres indígenas, su historia, su situación y sus perspectivas…

La idea era dar reconocimiento a todas las mujeres indígenas valientes que han jugado y seguirán jugando un rol importante en la supervivencia de la cultura de sus  comunidades, así como su lenguaje y fuerza de carácter. Sin embargo a 37 años de ese logro, poco o nada se ha avanzado en un mundo desigual, en un continente con raíces indígenas fuertes que solo interesan para “medrar en el rubro cultural “en una sociedad mestiza que tiende a discriminar de manera automática a nuestros pueblos originarios”.

Actualmente se calcula que solo en Latinoamérica existen alrededor de 522 pueblos indígenas y que en total la población sumaría 42 millones de personas. De ese gran número redondo el 59% son mujeres, es decir, más de la mitad; y sin embargo, son el sector más oprimido tanto de la sociedad tribal como de la sociedad en general. 

Las Mujeres de las Etnias en la República Mexicana, nos muestran a partir de la Encuesta Intercensal 2015 en el criterio de hogar, la población indígena asciende a 12 millones 25 mil 947 personas [1], que constituye el 10.1% de la población total. Entre ellos, 6 millones 146 mil 479 son mujeres (51.1%) y 5 millones 879 mil 468 son hombres (48.9%). A pesar de que existe presencia de población indígena en todas las entidades del país, más de 75% se concentra en ocho estados: Oaxaca (14.4%), Chiapas (14.2%), Veracruz (9.2%), México (9.1%), Puebla (9.1%), Yucatán (8.8%), Guerrero (5.7%) e Hidalgo (5%). Entre la población indígena existen 7 millones 382 mil 785 personas mayores de 3 años de edad hablantes de lenguas indígenas HLI, que representan 6.5% de la población de ese grupo de edad. Entre los hablantes de lenguas indígenas 3 millones 786 mil 673 son mujeres (51.3%) y 3 millones 596 mil 112 son hombres (48.7%).

 Pues bien se afirma que ONU Mujeres en México, en consonancia con las prioridades nacionales y los instrumentos de protección de los derechos humanos, se enfoca en prevenir y eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, promover su empoderamiento y lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los derechos humanos. En este sentido, garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas en todas las esferas de la sociedad, la cultura, la política y la economía y su acceso a oportunidades de desarrollo y a la justicia, es una prioridad de nuestro trabajo y de las organizaciones de las mujeres indígenas en el país.

 Sabemos que Las mujeres indígenas de todo el país, en especial las Mujeres de nuestras Etnias en el Estado de San Luis Potosí enfrentan obstáculos para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, tanto en sus comunidades de origen, como fuera de ellas. En este sentido, el artículo 5°, inciso c), del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que “deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.”

El derecho de las mujeres indígenas a gozar de manera efectiva de los derechos humanos sin discriminación está establecido en el artículo 1º, párrafo quinto, de la Constitución mexicana, reformada el 10 de junio de 2011, en el que se prohíbe toda forma de discriminación por origen étnico y por razones de género, que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

Al legislar los derechos de las mujeres indígenas deben tomarse en cuenta las discriminaciones entrecruzadas que enfrentan. Al referirse a las obligaciones de los Estados para combatir la discriminación contra las mujeres, la Recomendación General 28 del Comité de la CEDAW señala que la interseccionalidad es un concepto básico por considerar. Para el Comité, la discriminación de las mujeres por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores que los Derechos humanos de las mujeres indígenas en México: armonización legislativa a 10 años de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afectan, como el origen étnico, la edad, la diversidad sexual o alguna otra condición, como la discapacidad, vivir con VIH o en situación de calle. Por eso, los Estados Parte deben reconocer y prohibir en sus instrumentos jurídicos estas formas entrecruzadas de discriminación. Como lo señala el Protocolo para juzgar con perspectiva de género de la SCJN, el enfoque interseccional o contextual de la discriminación reconoce que las personas no experimentan la discriminación en un vacío, sino dentro de un contexto social, económico y cultural determinado, en donde se construyen y reproducen los privilegios y las desventajas. Como siempre esas desventajas han ocurrido en la Huasteca Potosina y la región media donde se asienta la etnia  Xiu o Pame.

Como lo ha indicado el propio Comité de la CEDAW, hay muy pocas mujeres indígenas en los procesos políticos nacionales y locales y, en algunos países, no hay ninguna mujer. Las estructuras de poder y acuerdos de autonomía local indígenas tienden a ser patriarcales y a excluir la participación y las perspectivas de las mujeres. De esta manera, es indispensable aplicar una mirada interseccional con énfasis en la garantía del derecho a la consulta y participación de los pueblos y las mujeres indígenas, así como las perspectivas de género e interculturalidad, en la adopción de las medidas para garantizar y proteger los derechos de las mujeres indígenas. Tanto la perspectiva de interculturalidad como la perspectiva de género cuestionan y critican la visión tradicional de la “neutralidad” de las normas a la luz de las desigualdades estructurales que enfrentan las personas y los pueblos indígenas y las mujeres y las niñas, lo cual resulta en una deficiente protección y ejercicio de sus derechos humanos.

Dicho por Mujeres Tenék y Náhuatl de nuestro Estado que ya han tenido la oportunidad de prepararse,  expresan “Para las mujeres y en particular para las mujeres indígenas, vivir en un país como México representa una serie de obstáculos y problemas en cuanto a lograr ser lo que una quiere, la cultura machista que se traduce en desigualdad de género pone en desventaja a las mujeres en muchos ámbitos de la vida, educativo porque a las mujeres se nos ha dicho que hemos nacido para ser buenas esposas y madres por lo que nuestra educación se dirige hacia ese objetivo, de modo que muchas veces se nos niega la oportunidad de estudiar más allá de la primaria o secundaria, y aun cuando podamos acceder a otros niveles la sociedad nos marca todo el tiempo cuál es nuestro rol y entonces estudiamos cosas que tengan que ver con el cuidado o atención hacia los otros habitantes de la comunidad (maestras, enfermeras, cuidadoras, etc.) .

 Entonces veamos el panorama Estatal:

En materia de marginación, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), San Luis Potosí es la sexta entidad federativa con mayores índices de pobreza, pues uno de cada cuatro potosinos(as) padece de pobreza alimentaria y el 41% de su población económicamente activa gana menos de dos salarios mínimos. Este rezago se refleja en varios aspectos, por ejemplo, según la Secretaría de Salud, entre 2005 y 2009, se registraron nueve mil 799 muertes prevenibles de las cuales el 47 % fueron mujeres. En infraestructura existen grandes carencias en comparación a estándares nacionales, ocupa el lugar 29° en existencia de drenaje y disponibilidad de energía eléctrica y el 27° en disponibilidad de agua entubada. Ocupa el octavo lugar en mortalidad infantil nacional, el 70% de sus municipios se encuentran bajo índices de alta o muy alta marginación. Aquí entra el tema de la disparidad, los municipios más rezagados se encuentran en la zona indígena de la Huasteca mientras que los más ricos se concentran en el centro….

…Aunemos a esto lo que tienen que enfrentar los habitantes de comunidades indígenas ante la COVID-19, de acuerdo a datos hasta el 27 de julio de 2020, datos oficiales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), reportaban 4 mil 140 casos positivos de COVID-19 entre hablantes de alguna lengua indígena, y 719 defunciones. Sin embargo, la pandemia aún sigue evolucionando en el territorio mexicano. Este fenómeno, y las desigualdades ya existentes que enfrentan los pueblos indígenas en México, son un terreno desfavorable para garantizar el bienestar de los pueblos indígenas ante el embate del virus.

Entre estas desigualdades destaca preponderantemente el acceso al agua, que resulta de un gran valor en el contexto de la actual crisis sanitaria. De la población rural en el país, 21% de quienes hablan alguna lengua indígena carecen de agua debido a un acceso deficiente a ese recurso, mientras que entre aquellos que no hablan una lengua indígena, la carencia del servicio es de 16.8 %.

Del Informe sobre Desarrollo Humano que realizó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para México, se obtiene la clasificación del Índice de Desarrollo relativo al Género (IDFG) por estados, situando en los tres primeros lugares al Distrito Federal, Nuevo León y Baja California, respectivamente; y en los tres últimos a Guerrero, Oaxaca y Chiapas, colocando a San Luis Potosí en el lugar número 21. El municipio de San Luis Potosí, ocupa el primer lugar estatal en desarrollo humano con un índice de 0.8352. Le siguen los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles y Cerro de San Pedro. Santa Catarina es el municipio que muestra el IDH más bajo. Le siguen Aquismón, San Martín Chalchicuautla, Huehuetlán y Matlapa. Como ocurre con el IDH, Santa Catarina tiene el IDG (Índice de Desarrollo relativo al género) más bajo de todos los municipios del Estado. Aquismón, San Martín Chalchicuautla y Tanlajás muestran índices similares.

El IDH (índice de desarrollo humano) muestra cómo el IDH varía, casi siempre a la baja, cuando se considera en particular la situación de las mujeres dentro de los indicadores medidos. Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala y Ciudad Valles son, después de San Luis Potosí, los municipios con menores pérdidas en desarrollo humano por inequidad de género, con reducciones de 1.98%, 2.11% y 2.32%, respectivamente. Por otro lado, después de San Martín Chalchicuautla, Lagunillas (8.92%), Tanlajás (8.76%) y Tampacán (8.69%) son los municipios que presentan las mayores pérdidas.

En materia de salud reproductiva, por un lado el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino son de preocupación en la entidad ya que las tasas alcanzan niveles similares al promedio nacional (entre 17 y 18%) y por el otro el porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes, es decir, menores de 20 años. Esta cifra es similar al promedio nacional (17.1%). Mortalidad y embarazo adolescente son aspectos que deben ser atendidos de manera más rigurosa si se quiere avanzar en los derechos a la salud y la salud reproductiva. Las condiciones más desfavorables en materia de salud atañen al municipio de Aquismón con un índice de 0.6174 siendo aún más preocupante el índice de salud cuando se integra la desigualdad de género llegando hasta un0.5781, igualmente se encuentra en mala situación de salud el municipio de San Antonio con un 0.6878 siendo para las mujeres un índice aún menor con el 0.6559

En el ámbito educativo, el estado de San Luis Potosí se encuentra por debajo del promedio de alfabetización del país (90.3%) al tener un porcentaje del 88.7%, siendo la capital del estado la localidad con el porcentaje más alto de alfabetismo con un 96%. No obstante este alto porcentaje en la capital se ve opacado por municipios como San Martín Chalchicuautla que tiene índices de analfabetismo de hasta un 28.1%. Y en este sentido son preocupantes también los casos de Guadalcazar que apenas alcanza un nivel de alfabetismo del 77.3% o Tamazunchale con un 77.2%. La tasa de alfabetización de adultos femenina es más baja respecto a la masculina. Pues la educación es un factor que por un lado ha sido considerado como factor protector, es decir, como un elemento que favorece la resiliencia. Por otra parte es considerado como parte del indicador de desarrollo humano por el PNUD14. Excepto en los municipios de Tamazunchale y Xilitla, el promedio de escolaridad de las mujeres está por debajo que el de los hombres; de igual forma, el promedio de escolaridad de estos municipios refiere a que no se estudia de manera general más allá de la secundaria. Aunado a esto estaría el segundo dato  donde podemos observar que no más del 65% de la población de 15 años y más ha terminado la secundaria en estos municipios. Exceptuando el municipio de Xilitla, para este dato, son más altos los porcentajes de mujeres que han terminado la secundaria que los hombres.

En el año 2012, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realizo la primera consulta nacional sobre la situación que guardan los derechos de las mujeres indígenas en sus pueblos y comunidades, con una cobertura nacional y destacando temas relacionados con el  ejercicio de derechos de las mujeres. Algunos de los resultados de este consulta muestran que los principales problemas para las mujeres consultadas son, por un lado, la violencia, dijeron que no se les permite participar en las asambleas comunitarias; el desconocimiento de sus derechos; también señalaron que muchas mujeres aún se dejan humillar por sus esposos; la discriminación. En cuanto a la violencia señalaron que principalmente la viven en sus hogares, y que la más común

es la física, siendo los esposos los agresores; así mismo la violencia económica fue señalada por las participantes. A nivel Estatal se asemeja, con un recrudecimiento de la falta de apoyo y procuración de Justicia.

El tema de la violencia también está ampliamente vinculado con el alcoholismo, pues las participantes señalaron que generalmente cuando los agresores han bebido los episodios de violencia son más frecuentes: “El alcoholismo ataca la integridad de las familias, provocando que no permita a las mujeres su desempeño como personas con derechos y aumentando la violencia estructural en el núcleo familiar”

En México y en los 21 municipios con población indígena del Estado de San Luis Potosí, las mujeres indígenas enfrentan nuevos retos ante las renovadas experiencias de justicias indígena y comunitaria que se desarrollan en diferentes regiones del país. Dichas experiencias de justicia se han gestado como respuesta a las políticas de exclusión, racismo y falta de acceso a la justicia del Estado que viven los pueblos indígenas, pero también como respuesta a las nuevas políticas del Estado Mexicano de reconocimiento a la diversidad. Lo llamativo de tales procesos es la manera en que están apelando a un discurso de derechos para fortalecer proyectos colectivos y de jurisdicción propia, al mismo tiempo que revelan nuevas tensiones para reinventar una justicia indígena, haciendo frente a cuestionamientos internos sobre los llamados «usos y costumbres», especialmente por parte de las mujeres; surge en este sentido una serie de inquietudes en torno a los alcances de las nuevas experiencias de justicia comunitaria para responder a los nuevos contextos y en especial a las demandas de las mujeres:

 ¿Bajo qué condiciones se enfrentan las mujeres indígenas a la justicia comunitaria? 

¿En qué sentido la renovación de la justicia indígena está implicando la redención del derecho indígena y nuevas opciones para las mujeres indígenas? 

¿Es posible construir una justicia indígena con equidad de género? 

Me parece que debemos destacar dichos procesos en dos dimensiones

1.- La globalización del derecho, los nuevos modelos de la justicia indígena y los derechos de las mujeres.

 2.- Las mujeres indígenas y su lucha por la equidad de género en los espacios de la justicia comunitaria.

La apertura de nuevos espacios a la justicia indígena como parte de las reformas legales y la multiculturalización del Estado Mexicano está generando  pequeño pero importante transformación en el campo jurídico de las regiones indígenas. Si bien las reformas a nivel estatal en algunos Estados como Campeche e Hidalgo entre otros en materia de justicia han implicado reconocer espacios limitados y acotados de jurisdicción indígena, como sucede con los nuevos juzgados indígenas’ que se han generado  a partir del reconocimiento y resignificacion de justicia

Para muchas mujeres indígenas queda claro que no basta con luchar por la justicia en el espacio cerrado de sus comunidades ni de sus organizaciones escasas por cierto en S.L.P, sino que al mismo tiempo es necesario acceder a la justicia del Estado y disputar ahí también por sus derechos. Por ello las mujeres organizadas de rincones del país están yendo más allá de la justicia indígena para pensar en una justicia intercultural con equidad de género, en donde recurrir al discurso de la costumbre no impida valerse también a las nuevas leyes contra la violencia doméstica, o del recurso al lenguaje internacional de los derechos humanos y los derechos de las mujeres para disputar sus derechos ante la justicia local y regional. Se trata de procesos de muy larga duración en los cuales incide el contexto de pobreza estructural, violencia política y globalización neoliberal que afecta las posibilidades de legitimar las demandas de las mujeres, las cuales suelen subordinarse a demandas consideradas de mayor importancia para la sobrevivencia y la defensa de los pueblos. Aun así la semilla ha sido sembrada y difícilmente se podrán construir nuevas apuestas de justicia comunitaria y justicia indígena que no incluyan las demandas de las mujeres.

En este mes que se celebra el día de la Mujer Indígena se presentan

los retos de una justicia intercultural con equidad de género Las nuevas experiencias de justicia indígena en contextos de globalización y de reforma del Estado están  apenas abriendo nuevas opciones a las mujeres indígenas para defender sus derechos, discutir sus costumbres y repensar las formas tradicionales de ser mujer. Las mujeres indígenas se enfrentan al gran reto de legitimar el discurso sobre los derechos de las mujeres en espacios tradicionalmente dominados por normas patriarcales y miradas masculinas, como es el caso de la justicia. El proceso no ha sido nada fácil, sin embargo observamos algunos cambios importantes en experiencias locales en algunas regiones de la Patria que están marcando la pauta de una importante transformación en los modelos culturales de las sociedades indígenas. La construcción de un discurso de género desde la mirada de las mujeres indígenas está siendo alimentado por debates internacionales, en espacios de encuentro transnacional donde participan mujeres indígenas de diferentes latitudes, pero también por la propia experiencia de las mujeres indígenas que desde sus espacios locales de organización están generando alternativas para confrontar la violencia de género y la subordinación. Así, el discurso global de los derechos humanos y contra la violencia de género ha sido redefinido por las mujeres indígenas desde sus lenguajes. En este proceso las demandas de las mujeres indígenas constituyen referentes claves al cuestionar modelos arraigados en torno al derecho indígena y la costumbre, confrontándose a poderosas ideologías de género que naturalizan la subordinación de las mujeres. Muchas veces tales ideologías son asumidas y defendidas por las propias mujeres que han internalizado las jerarquías de género, lo que en ocasiones las lleva incluso a justificar la violencia como una atribución del hombre para corregir a la mujer, como lo revelan innumerables casos que llegan ante los jueces de las comunidades. Nuestras Mujeres de las etnias originarias de suelo Potosino Tenék, Náhuatl y Xiu (Pame) más las de otras etnias que han llegado a asentarse en San Luis Potosí no han visto un real avance en el reconocimiento a sus derechos e insisto en la procuración de Justicia que si bien para la población mestiza es pobre en sus casos muchas veces es nula.

Es inspirador que algunas Mujeres indígenas que han logrado llegar a las universidades regresen a su comunidades y comiencen a organizarse, cuando conocí a Lupita García en un Foro feminista, y enterarme de su larga y difícil  lucha lograr preparación a un costo de odisea y que hoy la ha llevado ser la Gobernadora de los Pueblos originarios de Querétaro ofrece una ventana de posibilidades para nuestras hermanas en San Luis Potosí.