Mucho por normar

Hace poco tuiteó una respetada profesional de la Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, “Muy optimista, pensé que la madre de todas las batallas iba a ser la Ley Gral. de CTI”, escribió, para continuar “Me equivoqué, esa será sin duda la defensa del INE ciudadano”.

Esta columna coincide que la defensa del INE es importantísima, de la mayor relevancia; el electorado mantiene casi marca personal a legisladores para que la llamada reforma electoral no propicie detrimento de los procesos de elección y de su calificación.

La desconfianza crece luego de promesas incumplidas, de falsedad en planes y resultados, de palabrería que, inconsistente con la realidad diaria, finca enormes dudas sobre el habitante de palacio.

La indubitable violación normativa en la promoción personal de corcholatas palaciegas, actos anticipados de campaña, uso de recursos públicos, tanto financieros como materiales, entre muchas faltas mas, ponen luces de alerta sobre los procesos electorales; la población duda del gobierno federal actual.

Dicho lo anterior, esta entrega pone foco de atención en el hecho que tenemos diversos frentes por atender, con distinto grado de urgencia y relevancia cada uno.

El objeto es construir una sociedad con, cada vez, mas instituciones autónomas de actos políticos; el deslinde con los partidos cuya definición está en la conjunción de alcanzar el poder y perseverarlo, de perpetuarse en él.

Falta mucho por construir normativamente.

La CNDH ilustra la relevancia de no perder de vista una normativa integral, holística.

Una CNDH de representación ciudadana, no del gobierno, emite recomendaciones que protegen los derechos humanos ante actos, por omisión o intención, de la autoridad; este sexenio no es el caso por sumisión política.

La CNDH, por definición, es autónoma constitucional, pero se dejaron huecos tales que por ahora es un apéndice de la administración federal; incluso emite recomendaciones violando la ley ya que le está prohibido su intromisión en asuntos electorales y, además, deja de lado la observación de los actos de autoridad sobre quienes gobernados son afectados, como la desatención, a decir lo menos, en salud pública por parte de la autoridad con falta de medicamentos para cáncer y pésimo manejo en la pandemia por COVID19, que ha causado la muerte de varios cientos de miles.

La FGR es otro organismo autónomo cuyos actos recientes han dejado mucho que desear por la falta de probidad de su titular en la mezcla de litigios entre sus asuntos personales y públicos; en solicitar y ostentar nombramientos inmerecidos y sustentados en el plagio, como el nivel mas alto en el SNI del CONACYT; en el descuido y desaseo al uso de figuras jurídicas como el criterio de oportunidad para favorecer la política más que a la justicia, etcétera.

Empero, a pesar de las deficiencias señaladas arriba, esta columna sostiene que mas organismos autónomos constitucionales hacen falta en México, de tal forma que las representaciones de los intereses ciudadanos se desvinculen de los actos de autoridad de la poderosa conjunción unipersonal del Jefe de Estado, Jefe de Gobierno Federal y Jefe Supremo de las fuerzas armadas.

Es el caso en materia de CTI, donde los actos de autoridad requieren programas de vigencia transexenal, políticas públicas transversales e integrales para impactar en beneficios a la sociedad, como lo mandata nuestra constitución en el párrafo quinto del artículo tercero.

Los organismos autónomos constitucionales requieren ajustes para cada caso: en el INE desarrollo tecnológico, sin intromisión de poder alguno, sino sólo representación ciudadana, hacia voto digital y urna electrónica; la CNDH requiere posible remoción por parte del legislativo; la FGR mecanismos de supervisión y, de ser el caso, sanción ante actos indebidos.

En ese sentido, una ley progresista en CTI debe considerar una adecuada instalación de la autonomía constitucional de un organismo de interés público que no dependa de actos de gobierno, pero sí de estado.