Momento crucial en el gobierno de SLP

La sensación de incredulidad priva en el ambiente público, debido a los sucesos ocurridos en los últimos días. El clima de violencia e inseguridad se había, de alguna manera, «normalizado», pero la percepción de que algo más grave ocurre se dio el pasado 22 de enero, un miércoles negro para el PRI y su cabeza más visible: el gobernador Juan Manuel Carreras López. Ese día apareció sin vida el cuerpo de Aurelio Gancedo Rodríguez, presidente del Instituto Reyes Heroles, que forma cuadros políticos para el partido en el poder.

La incredulidad empezó con ese acontecimiento. Aún hoy, no parece cierto que este joven político ya no viva, porque no se sabía de nada en su entorno que le quitara el último aliento de la manera en que ocurrió. Fue sorprendente saber que su cuerpo apareció en unas bolsas, en la cajuela de su vehículo, al tiempo que da asco la forma en que la información carroñera -que no periodismo- y las redes sociales se ceban en las circunstancias en que pudo ocurrir este crimen. El primer descreimiento, pues, fue en sí mismo el homicidio.

El escepticismo vino después, con una rápida investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGE) que logró dar con el presunto asesino en unas horas, girarle una orden de aprehensión y vincularlo a proceso. Esto abre un impasse de medio año en lo que se recopilan más pruebas por parte del Ministerio Público para inculpar a Juan Carlos N., a quien se acusa de ser el autor material.

En un país donde las sospechas son el pan de cada día, es difícil de aceptar que el fiscal Federico Garza Herrera y su equipo de investigación hayan dado con un criminal tan pronto. Y no es que eso sea imposible, de hecho es lo deseable, pero esta institución no suele dar campanazos así muy seguido.

De ser cierto, se habría logrado la eficiencia y eficacia que todos los potosinos, y los mexicanos en general, reclaman de los órganos que procuran justicia en los estados y el propio gobierno federal. Casi marcaría un hito en la historia de la vituperada justicia estatal, tan urgida de reconocimiento público. Pero no hay que ir tan lejos, falta que transcurra el plazo de pruebas y el juicio oral.

La autonomía con que fue dotada la FGE tiene su principal alcance, precisamente en actuar de manera libre, tope donde tope y mejorar sus investigaciones científicas. Faltan más recursos humanos y financieros, así como herramientas, pero no sería de extrañar un resultado de este tipo.

Sería un gran paso, pero también supondría una exigencia mayor para que casos menos mediáticos, pero igual de importantes para las víctimas, sean resueltos con tanta puntualidad.

Por eso es que el caso Gancedo es un parteaguas para este gobierno que entró en su etapa menguante.