Miscelánea, salud y política

En la cabaña negra en ruinas bate sus alas negras la putrefacción: deformes abedules suspiran en el viento: Georg Trakl

El fin de una era, coinciden en considerar el grupo gobernante y los ministros salientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la conclusión del periodo de sesiones del pleno actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –en agosto de 2025–, y el ingreso en septiembre próximo de los nuevos integrantes electos por acordeón el 1 pasado de junio para ocupar los cargos de ministros, magistrados y jueces.

Los periodos de los nuevos funcionarios varían, contemplándose en la nueva ley un máximo de 11 años para los ministros, pero la trilogía de morenistas que repiten en el cargo –según varios analistas– podría permanecer por más de 15 años en el máximo tribunal constitucional.

Los antagonistas de la lucha que afectará la defensa de los derechos humanos constitucionales fueron los funcionarios de los poderes presidencial y judicial de la federación. El asalto final fue protagonizado por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo vs. la ministra Norma Lucía Piña Hernández, ambas primeras mujeres en la historia del país en presidir la República y la SCJN, respectivamente.

Recordemos el origen de la confrontación: luego de un periodo obsequioso del ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea frente al mesiánico jefe del Ejecutivo, la llegada de la ministra Piña Hernández, el 2 de enero de 2023, propició que al celebrarse el 106 aniversario de la Constitución de 1917 en el Teatro de la República, ella decidiera no ponerse de pie para rendirle honores al presidente López Obrador. Esta «afrenta» al patriarca fue el principio del fin de ciclo del sistema político mexicano.

El hubiera no existe, por ello resulta baladí imaginar si la ministra Piña se hubiera levantado de su asiento, y hubiera claudicado a enviar un mensaje de autonomía y dignidad del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo, quizá el resentimiento del amado líder no hubiera llegado el encono de heredarle a Sheinbaum como prioridad la elección «del pueblo» del Poder Judicial.

Quizá, a pesar del simbolismo dignificante asumido por la primera presidente de la Corte de Justicia estaríamos igual porque las acciones del segundo piso de la Cuarta Transformación han desnudado el objetivo de impulsar una regresión hacia un régimen presidencial autoritario, sin contrapesos ni división de poderes, donde la justicia esté en manos del gobierno e inertes los gobernados frente a abusos de poder.

Los universitarios de mi generación, egresados en los años setenta, crecimos con la influencia del Movimiento del 68, considerado un parteaguas, símbolo del hartazgo de grupos sociales frente a los excesos de poder del gobierno presidencial. Más de medio siglo después, líderes de izquierda sobrevivientes de aquel movimiento son parte de los represores de la libertad de expresión.

Aplauden la militarización de la seguridad pública, callan frente a la ideologización educativa, promueven reformas anti democráticas y, ahora, convertidos en la burocracia dorada, olvidan que en los regímenes totalitarios emergen la corrupción e impunidad que antes denunciaron, como el pantano que emerge con la decadencia humana, descrito por el poeta austriaco Georg Trakl

En la nueva era ¿crecerá la impunidad, desaparecerán las consecuencias para quienes abusan del poder, se desechará la posibilidad de aplicarles responsabilidades y el castigo justo en caso de haber cometido delitos o fraudes con los bienes de la nación, nadie podrá limitar a un gobierno que desvía voluminosos fondos públicos al pago de mega obras carentes de seguridad para el usuario ni se podrá ponerse fin a la prisión preventiva oficiosa? Pronto lo veremos.

Paralelamente, disminuyen en medios de comunicación las denuncias públicas en contra de defraudadores oficialistas, ya tiene efectos disuasivos la aplicación de fórmulas para acallar voces y doblegar a críticos mediante dictámenes provenientes de autoridades electorales que obligan a los comunicadores «por violencia de género» a disculparse en público, dar a conocer sus fuentes, retirar sus escritos, mientras llevan largos y costosos juicios o sanciones imposibles de solventar.

Y lo que viene… cuando el suelo justiciero no es parejo ni independiente crecen los valentones: las amenazas de llevar a juicio con la nueva Corte a quienes dan a conocer planes secretos de expatriarse a naciones antes severamente cuestionadas; presentan denuncias de presuntos golpes de Estado inculpando a los ministros salientes; se mantienen silentes frente a actos de corrupción, asumen conductas de prepotencia, incongruencia, proclividad al exceso y adoptan lujos contrarios a la esencia humilde y popular que decían profesar.

La ministra presidenta Norma Piña intervino en la última sesión de la Corte, el 19 de agosto, cerró así un ciclo judicial que duró 30 años, en el que sentenció: “El trabajo de cada uno es la mejor voz, y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es nuestro legado; la congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez y la dignidad, son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”. Claro, siempre y cuando la historia no fuera escrita sólo por los vencedores.

Quedan para la memoria colectiva los aplausos por parte del personal de la SCJN a los ministros salientes, con excepción evidente a Lenia Batres Guadarrama, quien sin ser oradora oficial hizo declaraciones a los medios festejando «el fin del neoliberalismo en el Poder Judicial».

Falta aún que la SCJN presente el próximo 26 de agosto los informes de actividades de la Primera y Segunda Sala, el 31 del mismo mes concluirán oficialmente las funciones de siete de los diez ministros que integran actualmente la Corte y, en septiembre próximo, asumen los nueve ministros electos, encabezados por Hugo Aguilar Ortiz, el presidente, proveniente de Oaxaca, émulo de don Benito Juárez.