Un dilema mayor en la gestión de la pandemia ha sido cómo asumir el riesgo. A los gobiernos populistas del corte nuestro, el de Trump en EU, Bolsonaro en Brasil o Boris Johnson en Reino Unido les dio por minimizarlo. Algunos corrigieron. No en México. Algo se debió aprender en este largo periodo de enfermedad y muerte. No ha ocurrido aquí, seguimos en lo mismo: no hay pruebas, se minimiza el riesgo, los gobernantes ponen un ejemplo irresponsable en las medidas preventivas, se manipulan groseramente las cifras, se agrede a quienes intentan dar respuesta y no se convoca al Consejo de Salubridad General para responder colectivamente a la emergencia sanitaria.

El manejo de la pandemia demanda responsabilidad. Bien se sabe del costo humano y económico elevado por las medidas restrictivas, más ahora cuando están por cumplirse dos años de su implementación. La cuestión es que las autoridades federales reinciden en la misma conducta criminal, actualizada con la tesis discutible de que la nueva cepa tiene menor peligrosidad a pesar de la evidencia sobre su altísima contagiosidad. 

El Presidente demanda no alarmar a la población. Días después tiene que salir públicamente a reconocer que dio positivo. Día que pasa hay una cifra récord en contagios. En Europa y en EU ya hay una crisis del sistema hospitalario. Aquí ya empieza. El Presidente con la intención de dar tranquilidad afirma que su afectación es leve. No advierte que 45 por ciento de la población carece del esquema completo de vacunación, y solo una minoría cuenta con inoculación de refuerzo.

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