Militarización: debate que beneficia cárteles; es seguridad interior

Cada vez que se mete en medios el debate sobre la presunta militarización de la seguridad pública se crean condiciones que benefician al crimen organizado. Las fuerzas armadas no participan en seguridad pública por decisión propia ni hacen labores de policías, sino como parte de sus funciones de seguridad nacional en el ámbito interior: la delincuencia en general ha ocupado estructuras del Estado y sus instituciones.

A pesar de que es una doctrina antigua que viene en el constitucionalismo mexicano desde la Constitución de Cádiz en 1812, inclusive algunos ministros de la Suprema Corte siguen ignorantes de las caracterizaciones de la seguridad interior. Las fuerzas armadas tienen la misión de intervenir en seguridad pública cuando se trata de delitos que afectan al Estado y sus instituciones, al territorio interno de la soberanía interior y los delincuentes posean pertrechos superiores a los de las fuerzas policiacas para construir zonas beligerantes reconocidas por el derecho internacional para fragmentar la soberanía del Estado nacional.

El otro punto ha sido analizado aquí en varias ocasiones: no existe la militarización porque las fuerzas armadas son parte de las instituciones del Estado y de la sociedad y no representan intereses particulares y tienen facultades legales-constitucionales para apoyar acciones de seguridad pública en situaciones de crisis de la seguridad nacional y de la seguridad interior.

Cárteles del crimen organizado dominan espacios territoriales de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz y Quintana Roo, entre otras entidades, y tienen presencia que excluye a las instituciones y a las fuerzas gubernamentales de seguridad. Una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación ya declaró su propio espacio aéreo y prohibió sobrevuelos comerciales y de fuerzas federales de seguridad.

La militarización de la seguridad pública no existe porque las fuerzas armadas forman parte del modelo histórico de seguridad integral; es decir, no hay seguridad civil ni seguridad militar. Lo que faltaba y ya ha sido subsanado era un cuerpo legal para darle enfoque civil a las fuerzas de seguridad donde participen militares, terminando con fueros exclusivos.

Los que critican la participación extraordinaria de fuerzas armadas en seguridad pública por crisis de seguridad interior nada dicen del fracaso de las fuerzas de seguridad civiles, las policías federales y sobre todo las policías locales que son focos de infección controlados por el crimen organizado. Y tampoco critican a gobernadores y alcaldes que se han negado a profesionalizar a sus policías locales, a pesar de existir mandatos constitucionales.

Si se sabe entender la argumentación oficial, las fuerzas armadas llegaron a seguridad de manera coyuntural y se irán cuando exista un cuerpo civil de seguridad ya profesionalizado. Sacarlos ahora que han aumentado las acciones delictivas de los cárteles representaría, en palabras sencillas, la entrega de las plazas del Estado a las bandas dominantes de delincuentes de diferentes cárteles.

El problema de los militares en acciones de seguridad interior no es del ejército, sino de la inexistencia de una fuerza de seguridad civil profesional, vacunada contra la corrupción y eficaz.

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EE. UU. 2020. La experiencia de la violencia social en el escenario electoral de hace cuatro años beneficio al republicano Donald Trump y hoy los demócratas cometen el mismo error. Las protestas sociales violentas han rebasado a los alcaldes demócratas en las ciudades incendiadas y marcadas por golpes y balazos.

Y como en 2016, un dato comienza a preocupar a los demócratas: la comunidad hispana quiere pensar como estadunidense que quiere los beneficios del capitalismo, no la condición social hispana que no genera empleos ni bienestar.