Migración: oír a Sánchez Cordero

            Olga Sánchez Cordero tiene razón al levantar la voz de alerta sobre las nuevas caravanas con decenas de miles de centroamericanos que se forman desde Honduras, aunque al gobierno de ese país le parezca algo inventado y alarmista.
            La realidad está ahí: en febrero más de 76 mil migrantes fueron detenidos en Estados Unidos al intentar cruzar desde México.
            En marzo se calcula que la cifra ascenderá a cien mil los centroamericanos detenidos en la frontera norte, que en su mayoría llegaron a México en caravana.
            Se encuentra en formación una nueva oleada de miles de personas que llegarán a México en las siguientes semanas.
            "Las caravanas son una realidad, no un invento", respondió Sánchez Cordero a la cancillería hondureña.
            El hecho es que estamos ante una situación extrema por la llegada de miles de ciudadanos centroamericanos que quieren entrar a México de manera fast trak, como si aquí no hubiese reglas ni autoridades que necesitan recabar datos ni preguntar a qué vienen.
            Tampoco les interesa quedarse en México: simplemente somos un territorio de paso, en el que les molesta la ley y el orden, para llegar a su destino que es Estados Unidos.
            Si la intención es venir a México en busca de refugio por la situación de violencia y pobreza que se vive en sus países de origen, que soliciten tener esa condición y se acojan a los acuerdos internacionales para refugiados.
            Pero no es así: lo que hacen es entrar a la brava y chantajear a las autoridades mexicanas de que si recaban sus datos están violando derechos humanos, lo cual no es verdad.
            Ante el reto de la crisis migratoria, "lo único que no se puede hacer es no regular", nos dijo una autoridad sobre la materia, tanto en derechos humanos como en temas de migración.
            México tiene derecho a solicitarles sus nombres, a qué se dedican, referencias, lugar de destino, objetivo de la visita, etcétera.
            No se puede aceptar que alguien no quiera registrarse, se meta a empujones al territorio nacional para después pararse en las calles a pedir limosna.
            Hay que ayudar, sí. Abrir puertas, sí. Aunque ordenadamente, de forma regulada y velando por la integridad de la sociedad mexicana.
            Desde siempre el tráfico de personas ha sido un negocio del crimen organizado.
             ¿Esta vez no? ¿Se acabó ese delito y todas son blancas marchas organizadas por el espíritu santo? ¿No importa saber quién es quién de los que vienen en la marcha?
            Al darles paso libre, alentar su traslado a la frontera norte sin saber quién va ni a qué va, se está poniendo en riesgo la seguridad del país. Eso lo trata de evitar Gobernación y no parece haber suficiente eco para un asunto de extrema delicadeza.
            Cuando un extranjero llega al territorio nacional tiene que decir a qué viene, dónde se va a hospedar, cuánto tiempo va a permanecer en el país. Y si luego piensa estudiar o trabajar en México debe acudir a Gobernación con los papeles de aceptación u oferta laboral correspondiente.
            Cuando han sido oleadas, como ocurrió con campesinos guatemaltecos perseguidos por los kaibiles en el primer lustro de los años 80, se les dio refugio y trabajo en las zonas arqueológicas del sur.
            Así debe ser en un país con orden y respetuoso de los derechos humanos.
            Dejarlo todo en manos de la demagogia migratoria es hacerle el trabajo al crimen organizado, propiciar la anarquía en las ciudades de paso, renunciar al control de las fronteras, y quedarnos en el país -porque esos cientos de miles de centroamericanos no van a poder pasar a EU- con personas que no quieren estar en México.