¡Michoacán merece progreso social!

Michoacán es hoy un territorio donde la niñez y la juventud viven entre la esperanza rota y la indiferencia institucional.

Esta semana, México Cómo Vamos, en alianza con otras organizaciones de la sociedad civil presentó el Índice de Progreso Social 2025, el cual coloca al estado de Michoacán de Ocampo en el lugar 26 de 32.

Cada indicador es una alarma encendida: educación, salud, seguridad, vivienda y alimentación. Michoacán está fallando a sus niñas, niños y jóvenes.

En Michoacán, crecer implica aprender demasiado pronto lo que significa la carencia.

Uno de cada cinco habitantes no tiene garantizado acceso suficiente a alimentos, lo que significa que casi un millón de personas viven con la angustia diaria de no saber si alcanzará para comer, incluidos cientos de miles de niñas y niños.

Pero el hambre no llega sola. Solo la mitad de los hogares michoacanos tiene agua diariamente en la llave; el resto depende de tandeos, pipas o almacenamiento precario.

Más del 13% de las familias sigue cocinando con leña o carbón en espacios cerrados, exponiendo a 650 mil personas, incluyendo niñas y niños a aire contaminado todos los días y aumentando el riesgo de infecciones respiratorias y enfermedades pulmonares de largo plazo.

En pleno siglo XXI, 3.8% de los hogares siguen con piso de tierra, lo que significa 190 mil personas, incluyendo infantes y jóvenes expuestos a enfermedades intestinales y una cotidianidad marcada por la precariedad más básica.

La promesa de que la educación sería el gran igualador social es, en Michoacán, una promesa incumplida.

El peor indicador de todos los ya de por sí precarios resultados que presenta el Índice de Progreso Social es justamente este: el de la matriculación en educación secundaria: Solo 75.8% de los adolescentes están matriculados en secundaria, lo que nos coloca en el lugar 30 de 32 entidades del país.

Dicho de otro modo: uno de cada cuatro adolescentes michoacanos está fuera de la escuela, engrosando filas de trabajo infantil, migración forzada, economías ilícitas, incluyendo el trasiego de drogas, el sicariato o simplemente el abandono silencioso.

La escolaridad promedio de apenas llega a 8.8 años, ubicando al estado entre los de mayor rezago educativo.

La tragedia se agrava cuando se mira la educación superior: solo uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 23 años ejerce sus derechos educativos en el nivel citado.  

Mientras en la Ciudad de México casi siete de cada diez jóvenes están en la universidad, en Michoacán tres cuartas partes ven cerrarse esa puerta antes siquiera de intentarlo.

Aunque ha habido ligeras mejoras en rezago educativo en años recientes, muy pregonadas por autoridades estatales, la propia Secretaría de Educación local admite que “aún queda mucho por hacer” para erradicar el atraso escolar, especialmente en zonas rurales.

Casi uno de cada cinco jóvenes de 15 a 24 años en Michoacán no estudia ni trabaja: cerca del 19.6%, alrededor de 200 mil personas. Es como si toda una ciudad de jóvenes se hubiera quedado detenida en pausa, sin escuela, sin empleo, sin horizonte claro. Digamos dos veces Pátzcuaro. Al mismo tiempo, 67.1% de las personas ocupadas en el estado están en la informalidad, lo que implica trabajos sin seguridad social, sin prestaciones y con ingresos inestables que perpetúan la pobreza. Para un joven que no encuentra lugar en la escuela ni en el empleo formal, la informalidad o la economía ilegal no son una elección libre, sino la única opción visible.

En este entorno, la violencia atraviesa las biografías juveniles. Michoacán ha duplicado sus homicidios en poco más de una década, pasando de 827 homicidios anuales en 2012 a más de 1,600 en 2024, y manteniéndose entre los estados con mayores tasas del país. Muchos municipios superan con creces el promedio nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes. Tres ciudades están entre las más mortíferas del orbe: Uruapan, Zamora y Morelia.

El 15.3% de los nacimientos en el estado corresponde a madres menores de 20 años, lo que implica que una de cada seis criaturas que viene al mundo lo hace en brazos de una madre que debería estar en la preparatoria, no en la sala de parto.

Detrás de estas cifras hay historias de abandono institucional, falta de educación sexual integral, violencia de género y ausencia de redes de apoyo. Una adolescente que se convierte en madre suele abandonar la escuela, enfrentarse sola a la crianza y quedar atrapada en empleos precarios o en la dependencia económica. El ciclo se repite: hijos que crecen en hogares empobrecidos, con menor acceso a salud, educación y oportunidades. El costo para la sociedad es enorme, pero el costo para cada vida es incalculable.

En Michoacán, 11.1% de la población indígena es analfabeta, más del doble que la población general, y 10.8% de las personas con discapacidad no sabe leer ni escribir. Esto significa que nacer en una comunidad indígena o padecer alguna discapacidad en el estado multiplica el riesgo de que el sistema educativo te abandone, convirtiendo la diferencia en desventaja estructural.

A pesar de marcos normativos que reconocen el derecho a la educación inclusiva, la realidad en muchas comunidades es la de escuelas sin maestros formados en educación intercultural, sin materiales en lengua originaria y sin accesibilidad física o pedagógica para estudiantes con discapacidad. La brecha digital también se ensancha: solo 36.4% de la población interactúa con el gobierno por medios electrónicos, lo que deja a comunidades rurales e indígenas desconectadas de trámites, apoyos y servicios básicos.

Michoacán no es el estado más pobre del país en términos de producto interno bruto per cápita; se ubica en una franja media, con alrededor de 133 mil pesos anuales por persona. Sin embargo, su Progreso Social está muy por debajo de lo que correspondería a su nivel de ingreso, confirmando que el problema no es solo cuánto hay, sino cómo se usa. Cuando el gasto prioriza obras visibles sobre políticas de largo plazo —como educación, salud preventiva y protección social— se construyen carreteras y teleféricos, pero se destruyen futuros.

La esperanza de vida en el estado ronda los 74 años, por debajo de las entidades con mejores indicadores, donde supera los 77 años. Es decir; nacer y vivir en Michoacán te quita hasta tres años de vida.  La mortalidad por diabetes, cercana a 90 muertes por cada 100 mil habitantes, refleja un sistema de salud que llega tarde o no llega a las comunidades que más lo necesitan.

Cada consultorio cerrado, cada medicamento faltante, cada traslado imposible entre una comunidad rural y un hospital es una decisión política que acorta la vida de miles de personas.

Ante este panorama, la indignación ya no basta. La crisis de derechos de la niñez y la juventud en Michoacán exige decisiones concretas y medibles.

Principalmente, se debe dejar de esconder la situación y declarar una emergencia educativa estatal que coloque la recuperación de adolescentes fuera de la secundaria como prioridad absoluta, con metas claras de reincorporación y acompañamiento psicosocial.

Se debe también de incrementar el presupuesto educativo  hasta alcanzar al menos el 8% del PIB estatal, lo cual duplicaría la inversión educativa que se proyecta para 2026 en el Paquete Económico recientemente entregado al Congreso del Estado, priorizando programas de apoyo transversales e integrales, mucho más allá de pulverizaciones de recursos como las becas, brindando también apoyos socioeducativos como útiles escolares, uniformes, transporte escolar, tutorías y expansión de la educación media superior y superior en comunidades rurales, indígenas y cinturones de miseria en las cabeceras regionales.

Se debe crear un sistema universal de alimentación escolar con desayunos y comidas gratuitas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, articulado con productores locales para también fortalecer economías rurales y en escuelas de horario extendido.

Se deben impulsar políticas de empleo juvenil formal con incentivos fiscales para empresas que contraten jóvenes, vinculando universidades, tecnológicos y bachilleratos con el sector productivo para disminuir la informalidad laboral.

Es imprescindible establecer un observatorio ciudadano del Índice de Progreso Social y del Plan Michoacán en particular que dé seguimiento público, periódico y transparente a cada indicador del IPS y a los compromisos oficiales.

Se debe de promover litigio estratégico cuando el Estado incumpla derechos básicos como educación, alimentación y salud, utilizando amparos colectivos y mecanismos internacionales cuando sea necesario.

También, es momento de mantener una cobertura mediática constante sobre la situación de la niñez y juventud, pasando de la nota aislada a narrativas de largo aliento que documenten historias, avances y retrocesos.

Se deben de exigir planes claros, con metas, plazos y agendas verificables, para sacar a Michoacán de los últimos lugares del Progreso Social.

Por supuesto, es inaplazable detectar y apoyar integralmente a adolescentes fuera de la escuela para reincorporarlos al sistema educativo, denunciar trabajo infantil y apoyar programas de prevención de embarazo adolescente en sus comunidades.

La gobernanza no es negociable: debemos de participar activamente en la apertura y operación de consejos escolares, para desde ahi exigir escuelas dignas, docentes capacitados y servicios básicos como agua, baños y conectividad en cada plantel.

Michoacán se encuentra en un punto de no retorno simbólico: cada año que el estado tarda en reaccionar condena a miles de niñas, niños y jóvenes a una vida de oportunidades menguadas. El Índice de Progreso Social 2025 no solo dice que todas las entidades del país han mejorado desde 2015, también evidencia que la brecha entre los estados del norte-centro y los del sur se mantiene abierta y dolorosa, con Michoacán atrapado en la parte baja de la tabla.

Sin embargo, la misma evidencia demuestra que es posible cambiar de trayectoria cuando hay voluntad política y presión ciudadana. Algunos municipios han logrado reducir homicidios o mejorar indicadores educativos en pocos años cuando se combinan políticas integrales, transparencia y participación comunitaria. Michoacán no está condenado; está desafiado. Profundamente interpelado por el magnicidio de Carlos Manzo y por la intentona de aplicar el cuarto Plan Michoacán en 19 años.

Es importantísimo que, el futuro de sus niñas, niños y jóvenes depende de que la sociedad deje de mirar hacia otro lado y convierta la indignación en acción organizada.

Cada cifra del Índice de Progreso Social es el rostro de alguien: la niña de 12 años que dejó la escuela para trabajar en el campo, el joven de 17 que no encontró un lugar en la preparatoria, la adolescente que se convirtió en madre sin apoyo, el abuelo que morirá antes de tiempo por no acceder a atención médica.

Son michoacanas y michoacanos, son nuestro presente y nuestro futuro. La pregunta ya no es si el estado puede cambiar este rumbo, sino si está dispuesto a hacerlo, y si la ciudadanía estará ahí para exigir, vigilar y construir ese cambio. Es el momento de levantar la voz y de exigir mejores políticas públicas, más inversión, mejores resultados y gobernanza plena que permita el diálogo permanente con las autoridades federales, estatales y municipales.

Es momento de entenderlo a fondo: Michoacán es la circunstancia de México; si no se salva nuestro estado, no se salvará nadie.