
Los niños que fuimos
Hemos sido testigos de preocupaciones crecientes sobre el nicho laboral para profesionales de la Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI; que es agravada ante el actuar del CONACYT y las condiciones generales de México.
Vamos por partes.
¿Diferentes niveles de gobierno tienen obligación de contratar a profesionales de la CTI? La respuesta es no, así como tampoco la tienen de contratar normalistas, aunque tomen la vía pública; el resto son actos de conveniencia político-electoral.
La obligación que sí tiene el poder ejecutivo es la generación e implementación de políticas públicas en CTI; para ello, en el ámbito federal CONACYT es cabeza de sector, hay espacios alternos como las universidades públicas; del mismo modo cada entidad federativa tiene su cabeza de sector local, cuyo galimatías de figuras jurídicas merece entrega aparte.
Una política pública puede ser contratar a profesionales de la CTI en el sector federal o general programas para la contratación en universidades; ya se ha hecho antes.
Otra política pública, complementaria a la anterior, es la generación de programas para la contratación en el sector privado no sólo el académico, sino, además, en industrial en cualquier rama o giro.
Esta segunda opción tiene las complicaciones siguientes.
Primero, el empresario mexicano no sabe cómo generar riqueza con el conocimiento, no existe en México un mercado de la CTI; lo que les queda claro es comerciar, comprar a peso y vender a 5, les parece más fácil adquirir franquicias de comida rápida.
Programas que incentivaran este aprendizaje es lo mínimo que se requiere; aunque hay muchas mas y mejores opciones.
Segundo, los esquemas de financiamiento para que egresados formen empresa no son blandos; situación complicada si tenemos en mente que, típicamente, un egresado en CTI está listo para el mercado laboral sobre los 30 años de edad, antes de eso cubría sus gastos mediante una beca que apenas le posiciona en una clase media modesta, no tiene capacidad para invertir; y vaya que es complicado hacer empresa en nuestro país.
Tampoco se han propiciado estas opciones, no ha habido, hasta donde quien suscribe sabe, un programa serio y sostenido que impulse el emprendimiento de profesionales de la CTI; los que han sido apenas llegan a migas y de muy corta duración.
Tercero y último, los programas de inversión público y privada, como aquel llamado PEI, han sido eliminados; para variar bajo señalamientos de corrupción sin haber mostrado ni denunciado formalmente caso alguno.
Una política pública integral debe considerar la contratación en ámbito público, ya académico ya de gestión y decisión, pero también esquemas alternativos para la contratación en el sector privado, ya sea académico o industrial.
La visión obtusa de CONACYT como cabeza de sector federal, tanto como la de las respectivas instancias en los gobiernos locales, ha resultado en una ausencia completa de programas para resolver el problema del mercado laboral mexicano a la CTI.
Entonces, ¿qué sucede con quienes no encuentran opción en México?, se van.
Les comparto un caso real e ilustrativo, hay cientos de miles.
Hace no mucho un joven científico, productivo y energético para el conocimiento, con formación en México, hacía ciencia en Alemania, decide regresar a México para buscar mejores condiciones de integración para su familia, consigue envidiable posición en una de las grandes instituciones mexicanas, luego de darse de topes contra la pared, se determina a buscar alternativas, las encuentra en Estados Unidos y ya casi se va.
Se podría apostar que allá sí encontrará condiciones para generar y aplicar conocimiento, es apuesta ganada, en una de esas hará empresa o interaccionará con el sector privado para generar riqueza.
¿Quién perdió en ese caso, como en muchos otros, demasiados?, México.
De ahí la relevancia de tener políticas públicas que resuelvan la problemática del mercado laboral para CTI en México de una manera integral, seria y sostenida; CONACYT no entiende.