Mata dando

Entre los eventos recientes que han frenado a la Ciencia, Tecnología e Innovación en México se hallan algunos cuyo efecto es directo mientras que otros serán consecuencia del proceso jurídico para dirimir diferencias; una constante en este sexenio es que el arbitrio de CONACYT es iniciador del freno.

Es freno y consecuencia de la enorme desconfianza sembrada con sus actos en todo el territorio y ámbito de la CTI y su comunidad.

En esta columna se ha comentado en relación al nombramiento del titular de la FGR en el nivel más alto del SNI, donde obra una solicitud de revisión ignorada por CONACYT; también los enormes retrasos en emisión, evaluación, resolución, aprobación y, de ser el caso, ministración en diversas convocatorias, desde la del SNI hasta la de todo programa para financiamiento público de CTI; sin olvidar la funesta extinción de fideicomisos de CONACYT y CPIs.

Las enlistadas en el párrafo anterior ya han inducido precariedad, de ahí un freno, en tan solo tres años.

Hay otras cuyo efecto desacelerador se verá en el resto del sexenio y quizá mas; se combinarán con las anteriores para ser catastróficas, se trata de diversos asuntos cuyas diferencias serán dirimidas en juzgados.

Varios recursos jurídicos solicitando la protección de ley a las personas e instituciones ante actos de autoridad de CONACYT han sido interpuestos, algunos ya admitidos y otros ya ofrecen la protección de la ley; son amparos en diversos temas.

En la mayoría de los amparos, cada caso está en su propio estadio, falta resolver el fondo del asunto; entretanto queda suspendida la acción de autoridad, es palabras coloquiales todo queda congelado, frenado, hasta resolver.

Está el amparo que personas han interpuesto por discriminación cuando CONACYT, unilateralmente y violando convenios vigentes, retira el emolumento relativo a su membresía en el SNI, sólo por laborar en instituciones de educación superior privada.

El fondo del asunto parece que será sentenciada a favor de las personas quejosas, los argumentos y fundamentos interpuestos, así como el seguimiento procesal, son clave para ello.

Lo anterior luce así porque la convocatoria a solicitar ingreso o reingreso al SNI, es política pública en CTI, convoca a todo profesional de la CTI con productividad probada, mientras que excluir a cualquiera persona sólo por laborar en alguna institución específica es discriminación; otra componente son los convenios con las instituciones.

No es el único, está el amparo de la ley admitido ante los cambios que CONACYT forzó en los reglamentos internos del CIDE, modificaciones que, a manera de calzador, son derivadas de las pésimas decisiones de CONACYT en relación al nombramiento para la dirección general de ese CPI.

Cada amparo, cada caso en disputa jurídica, es elemento de freno a la CTI, las razones son claras.

Una obviedad es que CONACYT está atendiendo asuntos jurídico procesales en vez de concentrar sus esfuerzos en políticas públicas constructivas, si bien siempre hay en CONACYT asuntos jurídicos diversos, en estos casos se ha pisado las agujetas porque son derivados de sus actos y tampoco son asunto menor según resulte la sentencia.

Es mas, aun cuando gane CONACYT, ya perdió la CTI tiempo, plataformas y oportunidades.

Peor, cada asunto que pierda CONACYT resultará en grave afectación de recursos, por lo menos para reparar daños, cubrir retroactivos, costes o mucho más, depende del caso y la sentencia, ¿será daño patrimonial?

No sorprendería si algunos asuntos jurídicos evolucionen en lapso transexenal, así que, incluso, en esos casos, los actos del actual CONACYT consumirá recursos financieros y humanos de la siguiente administración; independientemente del color o alianza vencedora en el 2024.

El reciente amparo admitido respecto de la dirección general del CIDE muestra que sigue la mata dando mas tropiezos de CONACYT, hecho que se suma a lo empecinado de ocupar una silla en cualquier CPI. 

No sucederá por terquedad palaciega, pero urgen cambios en CONACYT.