Mando único en el Oriente del Estado de México

Una estrategia necesaria

La decisión del Gobierno de la presidenta Sheinbaum y del Gobierno del Estado de México de instaurar el Mando Único de Seguridad en el Oriente del Estado de México no es una ocurrencia política ni una medida cosmética, sino una respuesta estructural a un fenómeno de desgobierno, corrupción e impunidad que durante años ha incubado la violencia y la criminalidad en la región más densamente poblada y más castigada de la entidad.

Los municipios incluidos en este nuevo esquema —como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco, Ixtapaluca, Chicoloapan y Valle de Chalco— concentran más del 50 % de los delitos registrados en todo el Estado de México. El colapso del orden institucional, sumado al crecimiento urbano descontrolado, al desempleo juvenil y a la descomposición de las policías municipales, ha convertido a esta región en un infierno cotidiano para millones de habitantes.

Durante décadas, los cuerpos de seguridad en varios de estos municipios se transformaron en estructuras cooptadas por intereses políticos, caciquiles y criminales, donde la policía, lejos de ser un garante de legalidad, se convirtió en parte del problema. En Chimalhuacán, la policía municipal ha sido señalada reiteradamente por actos de brutalidad, extorsión, colusión con grupos delictivos y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Este municipio, gobernado durante años por estructuras autoritarias con profundas raíces clientelares, construyó una corporación policial paralela al interés público, funcional al poder y hostil con el pueblo. Chicoloapan, por su parte, ha vivido un progresivo deterioro institucional, donde elementos de la policía son acusados de cobrar piso, encubrir narcomenudeo e intimidar a líderes comunitarios. Las denuncias ciudadanas son sistemáticamente ignoradas o desestimadas, configurando un entorno de impunidad peligrosa.

En Valle de Chalco, las redes criminales operan con el amparo de sectores corruptos dentro de la policía local. La población ha denunciado en múltiples ocasiones la existencia de grupos armados tolerados por la autoridad municipal, así como la práctica de «levantones» extralegales en plena vía pública. Estos tres casos no son excepción, sino síntoma de un modelo municipalista fallido en materia de seguridad: cuerpos mal pagados, sin formación, sin controles internos y penetrados por los intereses del crimen organizado. En este contexto, es digno de reconocimiento que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez haya asumido con responsabilidad y firmeza la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer el Mando Único.

Lejos de defender privilegios o simular autonomía operativa, la gobernadora ha optado por construir un nuevo paradigma de seguridad basado en la coordinación, la transparencia y la reconstrucción institucional. Con esta decisión, se abre la posibilidad real de recuperar la autoridad del Estado en territorios tomados por el miedo, la extorsión y la violencia, y al mismo tiempo de enviar un mensaje contundente: no habrá más complicidad con los intereses que han secuestrado la seguridad pública en el oriente mexiquense.

Detrás de esta estrategia se encuentra el trabajo profesional, discreto y contundente del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, cuya experiencia, compromiso y visión de largo plazo han sido fundamentales para articular el despliegue de las fuerzas de seguridad, optimizar recursos y garantizar resultados tangibles. Su capacidad para integrar a las distintas corporaciones sin protagonismos, pero con eficacia, es clave para este modelo. La Cuarta Transformación en el Estado de México, encabezada por Delfina Gómez y acompañada por el liderazgo de la presidenta Sheinbaum, tiene la enorme responsabilidad de refundar el pacto social desde su base más elemental: el derecho a vivir sin miedo.

La seguridad no puede ser más una mercancía privatizada, ni una franquicia política al servicio del clientelismo. Es una obligación constitucional, una exigencia ética y una condición de ciudadanía. El Mando Único Oriente no es la solución definitiva, pero sí es un punto de inflexión. Si se consolida con participación ciudadana, vigilancia institucional, rendición de cuentas y visión social, puede convertirse en una referencia nacional de cómo recuperar el Estado en donde había sido sustituido por el crimen y la corrupción.

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