Litio en la mira

El litio, Li, tercer elemento de la tabla periódica, es el metal más ligero y base de baterías para energizar artificios eléctricos y electrónicos.

Este metal se encuentra en yacimientos abundantes en Sudamérica, principalmente en Chile y Bolivia; pero México también los tiene tanto superficiales como subterráneos.

Ejemplos de yacimientos naturalmente superficiales son los que se hay en las salinas de la colindancia entre Zacatecas y San Luis Potosí; de los subterráneos se da cuenta, por ejemplo, entre Sonora y Chihuahua.

Autos eléctricos, drones, computadoras portátiles, teléfonos móviles, dispositivos periféricos (como audífonos o bocinas conectadas por Bluetooth) y taladros inalámbricos, entre muchos más, son artilugios ya comunes en la vida diaria; y lo que falta.

Con esta realidad el tamaño del mercado global de Li se valuó en 4.23 mil millones de USD para 2019, algo como 84.6 mil mdp, con un crecimiento estimado del 1.9% de 2020 a 2027.

En ese contexto vienen al caso dos elementos relevantes en relación y de impacto a la Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, mexicana.

Primero: lo legislativo.

Un senador, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presentó, el 11 de noviembre de 2020, mediante el oficio AAM/LXIV/367/2020 fechado el 8 de septiembre del año pasado, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política.

La intención es incluir explícitamente al Li en la constitución al mismo nivel que petróleo a fin de establecer que tratándose de “Li la propiedad de la nación es inalienable e imprescindible y no se otorgarán concesiones” para delimitar su exploración y extracción mediante “asignaciones a empresas productivas del Estado”. 

Si la iniciativa fuere aprobada como ha sido propuesta, para culminar en la reforma al citado artículo constitucional, la CTI en torno a Li quedará sujeta a una agenda de Estado.

La historia en México para otros recursos naturales muestra que el Estado no es eficiente para el beneficio sustentable por diversas razones; ¿será este metal la excepción?

Atrae la atención que, a pocos meses de la publicación en el boletín del Senado de la República, fechada el 11 de febrero del 2021, se perfila un cambio de directriz a consecuencia de la carencia de recursos para impulsar esa actividad productiva; con lo que se prevé una posible modificación hacia la participación de la iniciativa privada.

El cambio de dirección está más relacionado a la obsesión con petrolíferos que con una estrategia de interés público. 

Segundo: la ausencia de política pública en Li.

En cuanto a la definición u operación de algún programa nacional estratégico, lo que atrae la atención es que CONACYT no tiene ninguno que esté impulsando de manera determinada, decidida.

Por la relevancia en los procesos de beneficio de Li y su potencial impacto ambiental, hecho que incluye el manejo de agua tan escasa este año, CONACYT debería estar convocando a la comunidad científica para que, específicamente, concreten propuestas viables de grandes proyectos de CTI orientados a Li, en toda su cadena de valor.

Es decir, proyectos que se fondeen con varias decenas de millones de pesos, en más de una propuesta, para generar alternativas tecnológicas y de normatividad regulatoria; no hay nada en este sentido.

De fideicomisos para sustentabilidad energética ni hablar, ya se acabaron, pero quizá podría conformarse un fondo público intersectorial; empero las prioridades son los combustibles fósiles para transporte y electrogenia. 

Sin programas en CTI, que incluyan normas regulatorias, la llevada y traída soberanía tecnológica y energética, al menos en la componente basada en Li, queda ausente, inviable, son sólo en letras; esto sin importar si el beneficio queda en manos del Estado o en la iniciativa privada.

Una transición energética con impacto social y ambiental, una que resulte sostenible y económicamente viable, está al alcance sólo con CTI, los actos públicos dirán si sucede.