Las víctimas de Carreras en La Pila

Extraña, por la gravedad del caso, que el gobernador Juan Manuel Carreras López no se haya tomado la molestia de hacer siquiera un pronunciamiento ante los graves problemas de explotación laboral y violación a los derechos humanos que sufren las mujeres internas del Centro de Reinserción Social La Pila, cuando bien sabe que en la actualidad, las políticas de protección son primordiales en cualquier orden de gobierno y, por si fuera poco, está vigente una Alerta de Género en varios municipios potosinos que él mismo impulsó.

Los señalamientos en contra de la empresa Tracktolamp parecen minimizarse en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a cargo del policía federal Jaime Ernesto Pineda Arteaga y por su lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no ha hecho valer su peso para presionar al Ejecutivo a tomar medidas contundentes e inmediatas.

Qué decir de la indolencia del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES), los grupos organizados en defensa del sector femenino y una larga lista de etcéteras.

Quizá porque se trata de un grupo minoritario, es que las autoridades no ponen demasiada atención al escabroso problema.
El mundo de las presas potosinas se volvió visible debido a su cruzada contra Tracktolamp, pero ¿qué tanto no se sabe de su vida interna tras las rejas?

Si resultan ciertas las acusaciones, es incorrecto que Carreras López actúe como si nada pasara. Con dar una simple orden a Arteaga bastaría, porque lo ve a diario en las reuniones de seguridad. Pero el silencio es lo que priva.

Son este tipo de omisiones las que luego generan los grandes conflictos. Y hasta el momento no parece haber visos de solución ni justicia para unas mujeres revictimizadas por el aparato oficial que las condenó a pagar por sus delitos, lo cual es justo, pero las castiga con el desdén y el abandono a manos de empresarios que no les devuelven sus ahorros y les pagaban salarios negreros por su trabajo.

Tracktolamp es el ejemplo de lo que ningún gobierno debiera permitir en tiempos de la 4T, donde todo indica, ya no hay intocables. La empresa dota de autopartes de autos, con un sueldo de 56 pesos diarios, menos de la mitad de lo que indica el contrato colectivo de trabajo.

Tampoco al secretario estatal del Trabajo y Previsión Social, Manuel Lozano Nieto, se le ven ganas de hacer valer la ley federal. Nadie explica, con claridad, en qué consisten los contratos que permiten las líneas de producción en La Pila.

Y así quieren que las personas se regeneren.