Las expropiaciones de finales de sexenio: empresarios en la sucesión

La decisión del Gobierno federal de ocupar tramos de vías ferroviarias que atraviesan zonas de programas estratégicos no es nueva y tiene referencias de rupturas y conflictos entre el sector empresarial y el Estado en el escenario de las sucesiones presidenciales.

Esas expropiaciones mexicanas están siendo manipuladas por los sectores empresariales en medios para vender la referencia al fantasma de Hugo Chávez en México. Sin embargo, las expropiaciones de finales del sexenio han sido históricas y mucho antes que el venezolano que obsesiona a los sectores conservadores nacionales.

En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas expropió las empresas petroleras por un conflicto laboral y la arrogancia patronal. A finales de su sexenio, el presidente López Mateos decidió una expropiación light de las acciones eléctricas para nacionalizar el servicio. Al finalizar su sexenio, el presidente Luis Echeverría expropió latifundios en Sonora y enardeció a los sectores de la derecha.

En 1982, ya con presidente electo, López Portillo expropió la banca privada con la argumentación de que estaba convertida en un instrumento de sobrecalentamiento del tipo de cambio, aunque en el fondo, como lo resumió Enrique Krauze, se trató de una corrida nacional de todos los sectores a través del dólar. En 1989, el presidente Salinas de Gortari organizó un operativo policiaco para arrestar al líder sindical Joaquín Hernández Galicia La Quina y filtró que se trataba de una decisión para re-nacionalizar el petróleo que estaba en manos del sindicato.

Las decisiones expropiatorias tuvieron justificaciones políticas de confrontación con sectores conservadores, pero no fueron más allá. Como complemento, los presidentes De la Madrid, Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se convirtieron en privatizadores de las empresas propiedad de la nación con la explicación oficial de que dinamizaría la actividad productiva, pero al final de cuentas solo reconstruyeron monopolios privados que afectaron la prestación de servicios.

La ocupación de tres tramos de vías de ferrocarril que tienen que ver con el Tren Maya y con el corredor transístmico no representa, ni con mucho, alguna tentación de reconstrucción total del sector público, toda vez que el Estado en el Gobierno de López Obrador es incapaz de cubrir las nuevas necesidades derivadas del avance de pocos puntos porcentuales en la participación del Estado en el sector eléctrico y energético, dejando con claridad que la inversión privada nacional y extranjera es indispensable.

No existe en los planes gubernamentales de la administración actual ninguna intención para la reconstrucción estatal del sector ferroviario, lo que deja claro que la decisión de ocupación de vías férreas tiene el objetivo central de evitar interferencias legales de grupos sociales en la terminación de los tramos finales de los proyectos presidenciales. Las finanzas públicas están técnicamente quebradas como para suponer que el Estado lopezobradorista viene, a finales del sexenio, con un proyecto reconstructor del ferrocarril público.

El análisis del decreto de ocupación de vías férreas debe tener una lectura estratégica con la decisión presidencial de autorizar la venta de CitiBanamex al empresario ferroviario y minero Germán Larrea, el segundo más rico del país y dueño de las vías ocupadas, y sin que se tengan indicios de que pudieran venir decretos expropiatorios adicionales. La estrategia gubernamental se centra en algunos contratos con CFE y Pemex que fueron otorgados por el presidente Peña Nieto en condiciones leoninas para el Estado, pero se trataría de temas muy concretos que están siendo litigados en los espacios del Tratado de Comercio Libre, con el dato adicional de que en esas empresas privadas habría intereses de políticos de gobiernos anteriores.

La oposición está construyendo una agenda antiestatista y defendiendo a los sectores empresariales nacionales y extranjeros como parte de su agenda para el 2024.