Las dificultades de gobernar

El poder se padece, sobre todo cuando se privilegia la responsabilidad. La distancia entre lo que se pretende hacer y lo que realmente puede hacerse complica gobernar. Hay oportunidades de cambio trascendente, pero casi siempre lo que queda es gestionar la contingencia con claridad y perspectiva.

Los visibles casos de frivolidad y abuso llevan a pensar que el poder se goza, se disfruta. Cada historia es distinta, pero hay una constante: el poder político tiene un ciclo. El ocaso y lo que viene después suelen ser la etapa más difícil, particularmente porque llegan la indefensión, casi siempre en soledad.

López Obrador decía que gobernar era muy fácil. Expresión de soberbia. En su imaginario, sólo para él era sencillo gobernar, porque asumía tener absoluta claridad sobre el sentido de su mandato. Aquella afirmación también anticipaba que nada ni nadie —ni la razón ni la ley— se interpondría en su cometido.

Gobernar es fácil cuando se desconocen los límites que la responsabilidad impone. La presidenta Claudia Sheinbaum no diría lo mismo. Gobernar es complejo, más cuando existen restricciones; en su caso, la lealtad al proyecto político que encabeza.

Las dificultades aparecen en todos los frentes y que las cosas no marchen peor se presenta como un logro; ejemplo, la economía. Un crecimiento apenas positivo se presenta como un resultado muy favorable. Algo semejante sucede con la inseguridad. A pesar de la deriva autoritaria que ha concentrado el poder como nunca y ha reducido los límites institucionales de la Presidencia, sin contrapesos efectivos del Poder Legislativo ni del Judicial, el ejercicio de la autoridad es hoy considerablemente más complejo, difícil y riesgoso.

Cuando el poder se concentra, la debilidad de una de sus partes compromete al conjunto. Así, resulta difícil entender el empeño del gobierno por defender lo indefendible y exponer a uno de sus activos políticos más valiosos, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a justificar dos episodios inaceptables: la actuación de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, frente a las autoridades estadounidenses y la entrega del testigo más relevante en el secuestro y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada.

Preservar la imagen de cohesión es necesaria, porque la amenaza de fractura es real. En efecto, la eventual responsabilidad de uno puede conducir a la de muchos más e, incluso, a un quiebre del régimen político. El problema ya no está en el terreno electoral.

Ese ámbito ha sido resuelto mediante el control del INE y del Tribunal Electoral, al grado de que han comenzado campañas anticipadas, pese a la prohibición constitucional. Los votos seguirán favoreciendo al régimen, por convicción o por presión, bien o deficientemente contados.

Podrán perderse estados como Michoacán, Zacatecas o Campeche, pero lo esencial parece asegurado: una mayoría simple de Morena en la Cámara de Diputados y una mayoría absoluta de la coalición oficialista. Sin embargo, dejará la idea de que a Morena se le puede derrotar.

El verdadero riesgo no se encuentra en las elecciones, aunque sigan siendo complejas e inciertas. La amenaza proviene del frente judicial, de una legalidad que comienza a imponerse desde el exterior conforme a las reglas, los intereses y los procedimientos de Estados Unidos. Ese escenario sí puede fracturar la cohesión del régimen.

Por esa razón la gobernadora Ávila busca la protección de las agencias estadounidenses: mantenerse al margen de un eventual proceso judicial. Mientras, la DEA puede conseguir que otros funcionarios o políticos relevantes colaboren y aporten testimonios que no sólo incriminen a sus pares o superiores, sino al régimen político en su conjunto.

Ese es el verdadero riesgo y el principal desafío para la presidenta. La dificultad es enorme, los resultados inciertos y las consecuencias, imprevisibles. Mientras tanto, en la clase política, incluida la oposición, y en buena parte de los análisis sobre la situación nacional se advierte una ausencia de reflexión sobre qué podría sobrevenir.

Pareciera que la atención se concentra exclusivamente en las dificultades del régimen, en los costos de sus decisiones pasadas y presentes y en los malabares para superar la adversa coyuntura. Muy pocos parecen dimensionar lo que significaría el colapso de la estructura de autoridad del Estado.

El desafío sería mayúsculo, precisamente porque el propio régimen ha debilitado a las instituciones para conducir una crisis de esa magnitud. Hoy no hay un Congreso representativo, no hay una Suprema Corte confiable y la legalidad ha dejado de ser el principal referente de la vida pública.