La Pica / Editorial

Cuando todo indicaba que estaba enterrado el proyecto de descentralización de las secretarías federales y en consecuencia, de traer la SCT a San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso como plazo máximo finales de 2020 para cumplir esa promesa de campaña.

Aceptó que su elefante reumático sigue con avance lento -un año y contando-, pero ya Sener opera en Tabasco, Cultura en Tlaxcala y Turismo en Quintana Roo.

La diferencia con el compromiso original, es que la mudanza no será de todo el aparato burocrático, sino solamente de los secretarios y su personal de confianza, algo muy alejado a lo que ofreció, y del fin principal que era «reactivar la economía de los estados».

En el caso de la STC, bajo el mando del secretario Javier Jiménez Espriú hay 14 mil trabajadores, la tercera parte concentrados en la CDMX. Con el viraje presidencial, ya ni las migajas del presupuesto en sueldos llegarán.

Santa Claus no se olvidó de los diputados y tal parece, hasta los Reyes Magos les dieron sus regalos por adelantado.

Y es que los últimos acuerdos de la Jucopo fueron de romper no uno, sino varios cochinitos.

En primer lugar, claro está, para renovar sus gastos médicos mayores; aprobaron pagar más renta de sus oficinas; liquidaron un laudo por un millón de pesos y crearon una bolsa para los que vienen; dieron su aval al movimiento de otro millón para dar suficiencia a sueldos, estímulos y bonos del personal y ya picados, fijaron nuevos ingresos para las personas contratadas con honorarios asimilables a salarios, de donde se desprende que quienes tengan estudios mínimos de bachillerato podrán cobrar hasta 25 mil pesos mensuales, los licenciados con título menor a tres años de expedición de 25 mil a 35 mil pesos y licenciados con título mayor a ese periodo, de 36 mil pesos en adelante.

Con razón siempre quedan a deber las leyes, ya ven que mariachi pagado, toca mal son.

La huasteca potosina se ha convertido en un imán para grandes empresas, sin que hasta la fecha, los beneficios sean tangibles para la población que ve el saqueo de sus recursos naturales, principalmente el agua.

La última firma que se ha introducido a la zona es la española Iberdrola, que desde hace unas semanas implementa un programa de energía eléctrica en beneficio de 30 comunidades rurales de la región, mediante una inversión de 30 millones de pesos para sistemas solares autónomos en viviendas para seis mil habitantes indígenas.

Iberdrola no es una empresa desconocida para los potosinos, dado que en Villa de Arriaga tiene una enorme planta fotovoltaica con capacidad de 170 MW que le costó 250 millones de dólares.

Sus acciones en la huasteca se ve muy difícil que sean una obra de caridad -inclusive es noticia en el prestigiado periódico El País-, por lo que habrá que estar muy atentos a lo que venga, debido a las malas experiencias con las contaminantes termoeléctricas, la juguera, la limonera y hasta los ingenios, todos ellos solapados por las autoridades.