La Pica

El crimen de dos israelíes en la Ciudad de México abrió la caja de Pandora en San Luis Potosí, donde desde el primer momento, quedó sembrada la duda sobre su vínculo con el asesinato de DJ Perplex en un rave de Tierra Blanca.

Si bien el periodista Joaquín López-Dóriga no vinculó ambos casos, sí dijo que son claves y esto desató más especulaciones.

Y es que difícilmente alguien puede creer que fueron homicidios aislados.

La duda crece porque Israel, un país especializado en espionaje e investigación, dice que uno de los muertos en la exclusiva Plaza Artz, fue convicto en su país, pero del músico no señala nada.

La última versión recibida de la embajada de Israel, fue que confía en la fiscalía de Federico Garza Herrera, quien, presuroso, encontró al presunto sicario en la cárcel de La Pila, donde fue ingresado pocos días después de supuestamente matar a Perplex, pero por otra ejecución cometida en diciembre de 2017.

La diferencia con el ayuntamiento de Valles, es que la embajada israelí no le ha entregado a Garza las llaves de su país, así que a lo mejor no le creen tanto…

En las últimas semanas ha habido un desfiladero de ex alcaldes y otros ex funcionarios públicos de los municipios para aclarar sus cuentas ante la Auditoría Superior del Estado.

Según nos dicen, este órgano a cargo de Rocío Cervantes Salgado, está por terminar el periodo de gracia para evitar que empiecen las denuncias penales.

Se trata de las polémicas cuentas públicas de 2016, las cuales fueron revisadas por la ASE, rebotadas por el Congreso del Estado y nuevamente sometidas a dictamen. Es decir, están más manoseadas que los pasamanos de los camiones urbanos.

No faltan quienes cruzan sus apuestas sobre los próximos presos de cuello blanco en La Pila. Bueno, es un decir, porque hasta el momento no hay nadie, ni siquiera los ex diputados que maquillaban esas cuentas a cambio de un moche de 10 por ciento.

A quien no se le entiende nada, pero nadita, es al diputado Pedro César Carrizales Becerra.

El famoso Mijis, cuestionado sobre si considera que el cacheo o pasar báscula como se dice en los barrios, a toda persona que entre a las instalaciones del Poder Judicial del Estado, vulnera o no los derechos humanos, dijo que a todas luces “sí”.

Cinco segundos después, señaló que al tratarse de una medida de prevención tras un intento de feminicidio, ¿cómo va a estar mal?, claro que no está mal, dijo.

¡Lo que está raro, en todo caso, es quién lo puso al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso!