La Pica

Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegue a San Luis para supervisar el estado del servicio de salud para los potosinos, se encontrará con la sorpresa de que la Auditoría Superior de la Federación le tiene una cuentita de 145.8 millones pesos por cobrar a los Servicios de Salud locales, con motivo de la revisión al Fondo de Aportaciones.

La cantidad se lee aparatosa, y de hecho lo es, pero no para los mil 924.2 millones de pesos que manejó la dependencia estatal durante el ejercicio 2018.

La secretaria Mónica Liliana Rangel puede dormir tranquila, porque al menos en cuanto al concepto de adquisiciones de bienes y servicios de material, accesorios y suministros médicos; medicinas y productos farmacéuticos; productos químicos básicos y servicios de pruebas de laboratorio; plaguicidas, abonos y fertilizantes, no recibió observaciones.

Ahora, a lidiar con el diagnóstico sobre la atención a los pacientes, últimamente su talón de Aquiles.

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Un policía estatal desaparecido, un luchador asesinado durante asalto, un muertito en Tamuín, migrantes en Valles y Villa de Arista, son algunos de los más fuertes sucesos ocurridos en los últimos días en la entidad potosina.

Mientras tanto, a la Guardia Nacional no se le ve por ningún lado en acción, quizá una presencia aquí y allá, pero muy desperdigada, nada que indique que ya estaban 600 elementos desde hace cinco meses, como afirmó el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías. Y menos que ya serían mil.

Existe un poco más de certeza porque llegaron los primeros elementos y tienen un mando, José Adrián Simón Serrano, que nadie conoce, pero se supone ya está aquí.

Una cosa sí fue cierta y corrió a cargo del delegado Gabino Morales Mendoza: hay Guardia Nacional, pero no para la zona huasteca.

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Ya se supo que en San Luis Potosí se puede tener un nombramiento no retroactivo con las nuevas leyes, ser sacado a rastras por los policías municipales, terminar magullado y encima, tener que pagar una lana para salir libre.

Pues eso le pasó a María Teresa Carrizales Hernández, quien fuera desalojada de la Oficialía del Registro Civil número 11 y debió desembolsar 200 pesos para quedar fuera de la barandilla municipal, por faltas al bando de policía y buen gobierno.

Eso sí, recibió el clásico “usted disculpe” de los elementos, quienes le dijeron que la orden la recibieron… ya saben, del alcalde Xavier Nava y el secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García.

Bueno, eso le dijeron, porque en el video al que se vio dar la orden fue a su mando policial Édgar Oswaldo Jiménez Arcadia.

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