La Pica

Abierto el debate sobre el acuerdo México-Estados Unidos para contener el flujo migratorio en territorio nacional a cambio de no aplicar aranceles a los productos de exportación al país vecino, en el plano local fue bien visto que el gobernador Juan Manuel Carreras López asistiera al acto de unidad celebrado en Tijuana.

Y es que analizado en frío, cada mandatario presente mandó la señal política de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahora bien, quién sabe si también de querer cuidar los intereses de sus estados porque al menos en el caso de San Luis Potosí, podría salir perjudicado.

El estado es de los más productivos, en materia automotriz, minera y agropecuaria, entre otros rubros de la economía nacional, por lo cual, los aranceles habrían sido demoledores.

Pero, conforme salen a relucir las letras chiquitas del acuerdo, México estará obligado a comprar más productos del campo a EU. Y esto reduciría las exportaciones potosinas a ese país.

Segundo golpe de Trump al estado, el primero fue llevarse a la Ford.

Ya se verá, pero a lo mejor no es tiempo de que Carreras se muestre tan contento.

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La Guardia Nacional topará con pared en la capital potosina si se cumple la advertencia del tesorero Rodrigo Portilla Díaz de no estar en sus planes la aportación financiera necesaria para su presencia operativa.

Arriesgada declaración, si se toma en cuenta los altos niveles delictivos que acusa el municipio, por su densidad poblacional y otros motivos. ¿Quién no querría que los ayudara la Guardia Nacional a bajar la criminalidad?

Lo más extraño es que el alcalde Xavier Nava Palacios no haya fijado postura en este delicado tema, cuando para nadie es un secreto que cuando hay voluntad, puede redirigirse el presupuesto a otros rubros no contemplados originalmente.

Nava cuenta con más de tres mil millones de pesos dentro de la Ley de Ingresos 2019, así que no hay pretexto.

O ahí se ven en 2021.

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Lo que nos faltaba: la plataforma Uber proporcionará los datos confidenciales de sus usuarios potosinos a la Fiscalía General de Justicia, para sus investigaciones.

Muy a la sorda, la institución dio domingazo con el anuncio a través de un comunicado.

El punto es que el servicio de Uber en la capital es ilegal y por lo tanto, o por lógica, su información también lo sería.

Buen debate para los juristas. Y mala noticia para los usuarios.

Claro, el que nada debe, nada teme, pero de eso a que la FGJ acceda a la información personal –mediante orden judicial, claro-, parece otra invasión a la privacidad, de las muchas que ya existen contra los ciudadanos.

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