La Pica

Los que están temblando, son los empresarios y dueños de negocios que no tienen actividades esenciales ni sustantivas, ya que con el reciente anuncio de la titular de Salud, Mónica Rangel Martínez, podrían tener que mantener cerrados los candados otros 15 días.

Y es que con elevado número de contagios y muertes en San Luis Potosí a causa del Covid 19, la doctora ha dicho con pesar, que será difícil salir del semáforo rojo.

Lo cierto es que ya casi nadie aguanta la presión, porque además se han terminado los tiempos para posponer el pago de impuestos y los incentivos fiscales, lo que ha derivado en la pérdida de miles de empleos y desestabilización laboral, porque muchos trabajadores no tienen la certeza de sus empresas para poder continuar.

Lo peor del caso es que la entidad apenas entró a su máxima incidencia de casos y puede que siga atorada unas semanas más.

Sin embargo, no hay rebeldía social -solo desobediencia a no guardar las medidas sanitarias- y todavía hay la esperanza de salir adelante.

Los abogados potosinos no perdieron el tiempo y, liderados por Gustavo Barrera López, conformaron un equipo que ya creó la iniciativa para el uso obligatorio del cubrebocas en San Luis Potosí.

El trabajo quedó a cargo del penalista y constitucionalista Francisco Atala Dewey que, con un grupo de colegas, armó la Ley de protección de las personas contra enfermedades de transmisión por vías aéreas y similares del estado de San Luis Potosí, mejor conocida como «ley Atala», que será presentada al Congreso del Estado en las próximas horas.

La norma, que sería la primera en su tipo a nivel nacional para la protección de los habitantes en el estado, incluye severas sanciones económicas como último recurso, pero no limita la libertad de tránsito ni otros derechos humanos.

Al parecer en este momento todos los actores parecen unirse en torno a esta medida por la emergencia del Covid 19.

Bueno, casi todos, porque nada han dicho ni PAN ni Morena, que con sus votos en contra podrían aguar la fiesta.

Todo indica que calaron en serio los señalamientos contra el diputado federal, Ricardo Gallardo Cardona, a tal punto, que se vio en la necesidad de pedir auxilio a la dirigencia nacional del PVEM y el coordinador de su bancada en la Cámara de Diputados, para defenderse de lo que afirma, son calumnias.

Lo que llama la atención es que si está que rechina de limpio, no haya expresado su decidida voluntad para que lo investiguen la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema de Administración Tributaria, instancias federales que no mencionó en su apología.

La primera, como se sabe, tiene facultades para indagar sobre lavado de dinero y la segunda, con fraudes al fisco, que son las acusaciones que le han endilgado en días recientes.

Y es que, sin emitir ningún juicio, está claro que a Gallardo le gusta violentar la ley. Ahí tenemos el ejemplo del INE, que le pidió bajar sus campañas de redes sociales porque estaba haciendo política electoral por adelantado. ¿Y qué sucedió el día después? Que no le importó y siguió con lo mismo.

Entonces, que luego no se queje.