La Pica

El diputado federal del PVEM, Ricardo Gallardo Cardona pidió pruebas, y se las dieron por racimos: quiere evitar el pago de 16 millones de pesos en impuestos.

Y eso que se dice aliado de la 4T, donde el cobro de facturas pasadas, está a la orden del día, pero el posible precandidato a gobernador de San Luis Potosí, no alega que no debe, sino que el delito «ya prescribió».

¿Habrase visto mayor cinismo?

El político arrastra este problema de falta de pago del ISR desde el año 2012 y se está desahogando en tribunales, de acuerdo con las revelaciones realizadas por el columnista de El Universal, Raúl Cortés Rodríguez, a quien Gallardo trató de desmentir y le fue peor, porque le sacó a relucir las pruebas.

El Gobierno del Estado no quiere, pero podría haber gritos y sombrerazos al exterior del poder Judicial si, como se pretende desde las esferas del poder, solo se renueva a tres de las 10 magistraturas en juego.

En un hecho histórico, por primera vez las agrupaciones de abogados se han unido para exigir que se someta al escrutinio público la revisión de los perfiles, pero la política dice otra cosa.

Resulta que el interés del poder Ejecutivo es que sean ratificadas las seis magistradas actuales, y uno de los cuatro hombres, que podría ser el expresidente del STJE, Juan Paulo Almazán Cue (seguro para proteger los intereses que antes encubrió). Los tres espacios varoniles restantes serían a propuesta del gobernador Juan Manuel Carreras López para visto bueno del Congreso del Estado, donde la repartición quedaría así: uno PRI, uno PAN y uno más, Morena.

Pero falta saber qué dicen las mujeres interesadas en ser magistradas, porque no les darían la oportunidad. Ah, y la chiquillada del Legislativo que, como ya vimos en la reforma a la Ley Electoral, salió más brava que la perra de la casa.

Era muy raro que el alcalde de Ciudad Valles, Adrián Esper Cárdenas, no quisiera cobrar sueldo por su trabajo, pero ya salió a relucir la verdad: saca millones de pesos del erario por otro lado.

Resulta que hace años, él y su hermano Alfonso -El Mirrey de Miami-, vendieron unos terrenos en la colonia irregular conocida como El 21, a la finada exalcaldesa, Socorro Herrera Orta, pero estaban invadidos y la panista decidió suspender los pagos. Por esa misma razón, sus sucesores, los priistas Juan José Ortiz Azuara y Jorge Terán Juárez, decidieron no saldar ese adeudo.

Pero el tiempo corrió y también los intereses. Entonces, de valer 10 millones de pesos, pasaron a costar 30 millones y hasta la fecha, Esper, ya como alcalde, le ha pagado a su hermano 17 millones.

Además de incurrir en un evidente conflicto de intereses, Esper mintió, porque en campaña dijo que los iba a donar.

¿Se lo imaginan como Gobernador? Recordemos que también reclama el pago de un pedazo de terreno de la Policía del Estado, que le pertenece y dice que le fue invadido.