La Pica

En lo que más se debería avanzar, que es el combate a la corrupción y la seguridad pública sin mordidas de por medio, es donde San Luis Potosí sigue con su talón de Aquiles.

Los números de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 del Inegi no dejan lugar a duda de los avances en otras tareas complicadas.

Los potosinos, en su mayoría, aprueban los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, semáforos y señalamientos claros en carreteras.

Están a gusto, asimismo, con los servicios de salud del IMSS, el ISSSTE y los Servicios de Salud, la educación, el suministro de energía eléctrica, el transporte público y las autopistas.

Inclusive aceptan los tiempos para realizar trámites, pagos o solicitudes y el trato que les dieron los servidores públicos.

El problema está focalizado, sin embargo, en las experiencias de corrupción, donde no muchos burócratas quieren guardar su sana distancia y menos los policías, los principales señalados.

Resulta que la próxima semana estará de «gira» por San Luis Potosí el porro del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, El Tumbaburros.

Luis Alberto Rosas Morales es el nombre de este influencer que un día sí y otro también, golpea en sus redes sociales al presidente Andrés Manuel López Obrador y a todo aquel que se deje.

Esta semana puso por los suelos al gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Ramírez y a lo mejor quiere hacer lo mismo con el de San Luis Potosí, el priista Juan Manuel Carreras López.

El sujeto cobró notoriedad cuando López Obrador lo exhibió en su mañanera, como personero de Calderón y no hace mucho tiempo «debatió» con El Mijis, un Pedro César Carrizales Becerra que fue sorprendido y recibió una tunda del beligerante tuitero.

¿Habrá revancha?

El que anoche estaba que brincaba de gusto era el alcalde de la capital potosina, Xavier Nava Palacios.

Y, por el contrario, los que ya no saben si llorar es bueno, son los diputados del Congreso del Estado.

Y es que la Corte volvió a dar palo a la Legislatura local, al invalidar preceptos de la Constitución Política de San Luis que faculta a los legisladores autorizar la enajenación y gravamen de los bienes municipales, e inclusive las concesiones y contratos que otorguen las alcaldías, cuando sean multianuales.

Todo porque incumplieron adecuar una reforma de la Constitución General del país que ordena todo lo contrario… ¡desde 1999! Es decir, que los ayuntamientos solo requieren dos terceras partes de los cabildos para realizar estas autorizaciones por plazos mayores a un trienio.

«Una gran victoria municipalista», dijo Nava en sus redes sociales, ya que fue el ayuntamiento capitalino el que promovió la controversia constitucional.