Preparativos para una amenaza llamada Trump
¿Alguien puede creer que Juan Ramiro Robledo Ruiz no le hará ojitos al 2021?
Porque el día de la entrega de su informe de actividades al Congreso del Estado, como presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, de plano dijo que a él lo den por muerto.
Pero, ¿dónde hemos escuchado eso?
El caso es que abordado por los reporteros para preguntarle, claro, de sus aspiraciones políticas en las elecciones a Gobernador de San Luis Potosí, el magistrado se pasó de largo y afirmó que los jueces no están para hablar de esos temas.
Pero ni modo de cuestionarle por qué el citado tribunal, con tanto personal y recursos, se la pasa resolviendo puros juicios de hechos de tránsito…, lo que no estaría mal que respondiera.
El eterno dirigente de la CTM potosina, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, dijo que el aumento al transporte público no repercutirá en la economía de los trabajadores, porque ellos tienen movilidad por parte de las empresas.
Eso al menos en la Zona Industrial, pero se le olvida que hay miles de empleados, estudiantes y ciudadanos en general que todos los días requieren utilizar dos o más camiones para llegar a sus destinos. Y que además, por el «redondeo», no les cobran 9.80 pesos, sino 10.
Será que como él se traslada en coche y con gastos pagados por sus agremiados, no se da cuenta cómo está la situación a nivel de calle.
Por cierto, ¿cuándo irán a ser las elecciones en su gremio? ¿Alguien sabe?
Adobiel López, comunero procedente de La Pila, anunció que iniciarán una serie de juicios ante el Tribunal Agrario ya que el ayuntamiento capitalino pretende despojarlos de tres mil hectáreas en dicha zona, a través del cambio de uso de suelo.
Señaló que los ejidatarios no permitirán que se lleve a cabo esta intención, ya que cuentan con la protección constitucional en el artículo 26 de la Ley Agraria.
Afirmó que en otros casos como en la Garita de Jalisco, las autoridades compraron las tierras a otros ejidatarios a un peso el metro cuadrado, y aunque no se oponen al progreso, piden un precio justo por sus terrenos.
Lo que más llama la atención es que el equipo jurídico del alcalde Xavier Nava Palacios no se ponga las pilas y evite estos conflictos de tierras en plena época preelectoral.