La Pica

Los cocolazos entre Xavier Nava Palacios y Ricardo Gallardo Juárez arreciaron en el Congreso del Estado con el rechazo a la Cuenta Pública 2018, por montos observados que suman 248 millones de pesos, una tercera parte de lo reclamado en todo el estado por la ASE.

Los votos de perredistas y verdeecologistas no alcanzaron para evitar que el pleno mandara la cuenta a la escala política, judicial e inclusive, en su momento, electoral.

Y esta historia va para largo, porque en el propio poder Legislativo están radicadas peticiones de juicio político y afuera, en la Fiscalía General del Estado, denuncias de carácter penal.

Ni a Netflix se le hubiera ocurrido un thriller político que durará hasta 2021 y más allá.

No es por intrigar, pero una cosa es que la Corte haya dicho que los funcionarios públicos no pueden bloquear a nadie de sus redes sociales y otra que de verdad le den seguimiento a este pronunciamiento, que no jurisprudencia.

Lo anterior viene a cuento porque la regidora panista Dulce Karina Benavides Ávila aceptó que aplicó la congeladora a una periodista que la criticaba y ya encarrerada, hizo lo mismo con otras personas que también la atacan a teclazos.

A lo mejor «no les gusta lo que publicó o les ofende», se defendió la edil que aparece en Twitter como @KaryBenavidesA.

Así que ya saben, o se portan bien o los manda a volar.

Hablando de la Corte, habrá que estar muy atentos, ya que parece estar sacando todos los pendientes de San Luis Potosí.

Y es que unas horas después de haber echado abajo el caso Karla Pontigo y pedir que sea investigado como feminicidio, lo cual fue un duro golpe para la procuración y administración de justicia, emitió otra sentencia, pero ahora contra una determinación del Congreso del Estado.

Como siempre, los diputados no hicieron bien su tarea y por querer suspender o privar de los derechos de familia a quienes incumplan con sus obligaciones de asistencia familiar, resultó que dejaron indefensas a las víctimas.

Los ministros dijeron que simplemente la reforma penal «es imprecisa», ya que ningún legislador se preocupó en especificar los derechos de familia que deben suspenderse.

¡Hay que leer!