La Pica

A unos días de la entrada en vigor de las modificaciones a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, que prohíbe el uso de bolsas de plástico y popotes en establecimientos comerciales, convendría señalar algunas mentiras y omisiones de nuestras autoridades… algo muy raro en San Luis Potosí.

Para empezar, el diputado Cándido Ochoa Rojas afirmó en días pasados que los negocios estaban obligados a regalar bolsas biodegradables a sus clientes y sí, es cierto, pero la ley también los faculta a venderlas. El incentivo, en todo caso, es que de obsequiarlas, pueden acceder a exentar obligaciones fiscales a propuesta de la Segam, lo cual no sabemos si ya lo planteó.

La propia Segam de Ivette Salazar Torres estaba obligada a realizar una fuerte campaña de difusión para la no utilización de popotes y bolsas plásticos desechables a lo largo de los pasados 365 días, pero a juzgar por los resultados no usó ni siquiera uno para tal propósito. Lo mismo aplicaba para la iniciativa privada, pero no movieron ni un dedo, si bien tienen al menos dos meses vendiendo bolsas -no contaminantes- a rabiar.

Es por eso que los diputados quieren ablandar la ley en cuanto a las sanciones, que son de hasta ¡cinco millones de pesos! a quienes incumplan y doble, en caso de reincidencia. Además, darán “otro mes” para difundir la campaña.

Y luego entonces, legisladores y la Segam quieren que los tomen en serio, cuando más bien son muy chistosos.

En el nada honroso noveno lugar nacional está San Luis Potosí en materia de feminicidios pero, claro, esto no apareció en el más reciente informe del gobernador Juan Manuel Carreras López.

De acuerdo con cifras -pero a final de cuentas, basadas en muertes de mujeres de carne y hueso-, el estado acumula 19 casos este año, empatado con Oaxaca y por encima de Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, Durango, Michoacán, Zacatecas, Colima, Nayarit y Campeche.

Con eso de que la Fiscalía General del Estado es autónoma y que las alertas están dirigidas también a los ayuntamientos, a los asesores del mandatario se les olvidó escribir la palabra feminicidio entre las siete mil 750 que conformaron su discurso de 40 páginas en el Centro de Convenciones.

A lo mejor andan enamorados y por eso se les olvidó.

Lo que pareció ser escrito en letras chiquitas, ya que nadie se dio o quiso darse cuenta, es que en la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos al Ayuntamiento de San Luis Potosí, por el caso Carrizales, una de las peticiones es que la Tesorería a cargo de Rodrigo Portillo Díaz, reembolse pagos excedentes en el Registro Civil.

Por lo que se entiende, Teresa Carrizales Hernández, la víctima que fue sacada a rastras por policías municipales cuando era titular del RC número 11 en la capital, tenía razón y la CEDH confirmó que el ayuntamiento aplicó una tabla de tarifas que perjudicó el bolsillo de los potosinos.

Y el periodo no fue nada corto, sino de enero a abril de este año, lo cual fue denunciado por Carrizales luego del desalojo a su persona que dio la vuelta al país.

La CEDH pidió a las direcciones que correspondan generar «una eficiente estrategia de comunicación para que aquellos usuarios del servicio de Registro Civil que utilizaron este servicio y previa presentación de su recibo correspondiente, soliciten el reembolso del pago excedente, en razón de que se había aplicado un costo incorrecto».

Pero, pasan los días y tal estrategia de comunicación no se ve por ningún lado.