Eje sospechoso Madrid- Oaxaca
Hugo Páez
La noche del domingo fue el primer manotazo de autoritarismo maquillado de consulta popular sobre el nuevo aeropuerto de México, una infraestructura imprescindible para los nuevos tiempos.
Más que simulación, es la lumpenización del futuro, la bienvenida a la República Bananera, donde sobran elementos de la farsa para invalidar la consulta, pero ese NO es el punto.
El punto es que las decisiones más absurdas son tomadas con la presunta infalibilidad del pueblo, de modo que en la Cuarta Transformación, el juicio popular es un fallo moralmente superior al racionalismo, sin importar las alertas, los riesgos del mercado, el impacto económico que siempre acaba por afectar a los más pobres, los más jodidos, ahora inoculados con el virus de la radicalización.
El dogma de Andrés Manuel López Obrador es el juicio sumario del pueblo, es el nuevo Código de Hammurabi, depositado por Dios en sus manos.
“López Obrador tiene mucho de Dios”, dice el Padre Alejandro Solalinde en una entrevista para Milenio el fin de semana. Ese ‘mucho de Dios’, es Dios completo, es la esencia indivisible, es la visión del monje que ve en su fanatismo la asunción a los cielos.
Pero aquí no termina la locura.
Eliminar de un plumazo un megaproyecto de infraestructura estratégica para el desarrollo del país, asumiendo las consecuencias y los riesgos, no tiene otro propósito que dar un mensaje contundente de demostración de fuerza, de un golpe persuasivo mayor.
El resultado de la consulta previamente inducido será el método usual en los días por venir. Probó su eficiencia en Santa Lucía, sin importar las enormes desventajas de la opción, frente al NAICM en Texcoco.
Se trata de debilitar a los adversarios, empresarios, gobernadores de oposición, a las instituciones que no se sometan, por supuesto a los partidos y al Poder Judicial que defiende su autonomía.
La amenaza es clara y directa.
La voluntad del líder, cimentada en 30 millones de votos, es la materialización de la cómica frase de campaña: “lo que diga mi dedito”. No importa la suavidad posterior al fallo popular de Santa Lucía, las promesas de nuevos contratos a los empresarios del NAICM de Texcoco ‘dentro de la legalidad’ es de nuevo la retórica de la ignorancia, de quien no sabe o a quien no le importa seguir las reglas de las licitacione.
Un enterado de las mínimas normas no puede decir: “vamos a darle nuevos contratos a los participantes del NAICM de Texcoco”, tendría que decir: “vamos a dejarlos que participen”, y aún así no es concesión, es derecho de quien cumple las normas.
Posiblemente el apapacho después del golpe es para decir: “ya sabes quien manda ¿verdad?”.
Pero la economía tiene reglas y normas no controlables a voluntad, es un elemento insidioso y altamente desconfiado. La reacción del primer día del dólar, de la Bolsa de Valores, de las calificadoras internacionales que como Moody´s mandaron los bonos del NAICM al basurero.
Son los síntomas inequívocos del equívoco.
Nadie cree que el pueblo decidió, no después de la inducción desvergonzada del futuro titular del ramo (SCT) Javier Jiménez Espriú, de las bancadas legislativas de Morena de Ricardo Monreal y Mario Delgado, de la presidenta del partido Yeidckol Polevnsky, del presidente del Senado Martí Batres, del propio Andrés Manuel que con un aire de burla votó en blanco “por la democracia”.
Se habla del entierro del NAICM en Texcoco como ‘El error de octubre’, una alegoría al error de diciembre de Ernesto Zedillo en 1994 provocador de una fuerte devaluación del peso. Pero en ese capítulo no hubo consulta, no fue el capricho autoritario, ni la acción suicida que vimos el domingo por la noche bajo el maquillaje de decisión popular.
En el 2006 nadie pudo convencer a López Obrador de retirar el Plantón de Reforma, hasta que el daño estaba hecho, ni de dar marcha atrás a la ridícula y locuaz toma de posesión en el Zócalo el 20 de noviembre del 2006 como Presidente Legítimo, acompañado de todos los personajes que ahora lo rodean.
Lo dicho, estamos frente a la lumpenización del futuro; bienvenidos a la República Bananera.
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