Palabras y juicios irredentes
En medio del nuevo escándalo que cimbra a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí -tras la denuncia pública de una exalumna que apareció golpeada y ensangrentada- el docente acusado decidió hablar en redes sociales.
Negó las acusaciones, se victimizó y aseguró (con ese rictus de dignidad herida) que no representa un peligro para la universidad ni para los estudiantes, y que tiene fe en que pronto regresará a las aulas. Hasta ahí, su derecho a defenderse.
Pero hay algo profundamente revelador en la forma en que alguien construye su defensa. No sólo importa lo que dice; sino cómo y a quiénes.
En su letanía de 4:07 minutos aparecen mujeres en distintos papeles: la denunciante que -según él- habría azuzado a otras a manifestarse; las estudiantes que marcharon; su esposa; sus dos hijas pequeñas. Todas mencionadas, ninguna reconocida ni respetada.
Cuando acusa que tiene evidencias de que la joven orquestó la movilización, lo dice como si se tratara de una maniobra criminal en su contra, pero desconoce (no le importa) que pedir apoyo cuando se denuncia violencia es un recurso legítimo de cualquier víctima. Convertir la movilización en su “prueba de manipulación” es intentar desacreditar la exigencia de justicia sin enfrentar el fondo del asunto, es decir, SU RESPONSABILIDAD.
Más grave aún es su llamado a que “quienes tengan evidencias las compartan”, porque no sólo busca respaldar su versión, sino que abre la puerta a la exposición pública de la denunciante, a que la plaza digital se convierta en tribunal y a que la presión social recaiga nuevamente sobre quien decidió denunciarlo. Pedir validación pública erigiéndose como un ser impoluto puede convertirse, en los hechos, en un mecanismo de revictimización. Su estrategia es la confrontación social por encima de la defensa jurídica. ¿Cuando hablará de su conducta?
Luego están su esposa y sus hijas. Las invoca como escudo emocional, como prueba de humanidad, y las expone a ellas para defender su honorabilidad de padre de familia. Trata de hablar del sufrimiento personal, claro, pero es imposible no advertir que nuevamente las mujeres en su relato aparecen como una extensión de su propia narrativa: soporte, refuerzo, instrumento. Lo que no vimos en ningún momento fue una reflexión sobre las decisiones que lo llevaron -a él, a su esposa, a la exalumna y a sus hijas- a este punto tan insostenible.
Incluso si la autoridad determinara que no hubo delito, las decisiones previas sí le pertenecen: si existió una relación con una alumna o exalumna, si se desdibujaron los límites entre lo académico y lo íntimo, si su vida personal terminó entrelazándose con su espacio de autoridad, esa conducta no puede atribuirse a ningún tercero.
¿En qué momento asume responsabilidad? Un docente no es un par dentro de la estructura universitaria, es una figura de poder, encarna a la institución y eso implica una carga mayor de prudencia. Parlotear con ese gesto de arrogancia que él no representa un peligro y que regresará pronto a explicarles “las maravillas de la naturaleza” no es más que una apropiación anticipada (y desesperada) del perdón.
La presunción de inocencia es un derecho irrenunciable, pero la autocrítica es una obligación moral y en él no aparece una sola mueca de cuestionamiento personal, solo la convicción de que todo es producto del linchamiento, de interpretaciones ajenas y de la movilización organizada por una víctima.
A la UASLP: entiendan que tienen la obligación de ponerse firmes de una vez por todas, más allá de lo que determine un juez: la ética docente no es negociable y este hombre cruzó la línea.





