La estrategia contra los desastres naturales, otra rayita al tigre

Tal parece de tras un largo e intenso recorrido a la largo y ancho del territorio nacional como parte de la campaña electoral más larga en la historia moderna del país, el presidente López Obrador no alcanzó a ver o entender que por su propia ubicación geográfica el país es vulnerable a todo tipo de desastres naturales como los ocurridos recientemente en Tabasco y Chiapas, principalmente.

Asentada sobre diversas placas tectónicas, no son pocos los movimientos sísmicos que agitan a la geografía y la tranquilidad de los mexicanos, a veces con graves consecuencias materiales, pero también físicas.

Si no es por el lado del Pacífico, desde el norte, en el Golfo de México o por el Caribe, cada año se registra algún fenómeno meteorológico que también desemboca en alguna catástrofe para la infraestructura pública y privada, cobra vidas y amplía las brechas de desigualdad, casi siempre entre familias vulnerables.

Hasta hace poco se habían consolidado importantes avances en la atención de los efectos de los desastres naturales en el país que, de manera coordinada entre gobierno federal, estados y municipios permitían contener oportunamente, hasta donde era posible, los efectos de los fenómenos, movilizar a la población para su protección y, en su caso, restablecer las actividades sanitarias y de infraestructura afectadas.

Pero la centralización de las decisiones de carácter público del actual régimen, como mecanismo de combate a la corrupción, la austeridad republicana y el replanteamiento de prioridades bajo criterios clientelares mostró su ineficacia, primero en la forma en la que se enfrentó la pandemia de la COVID-19 y luego, con la maniobra para enfrentar sus consecuencias económicas que derivó en un Presupuesto de Gasto Público que en 2021 elimina los fondos especializados y, en la práctica, la débil coordinación frente a los desastres naturales.

Las inundaciones y las afectaciones a la infraestructura, pero sobre todo a las de por sí precarias condiciones sociales en Tabasco y Chiapas, en donde las escenas muestran a numerosas familias que se desplazan con el agua a la cintura y tratan de mantener a flote una parte mínima de los recursos que pudieron rescatar, pero que en la realidad los hunde en su miseria, mientras la prioridad federal son las pésimas inversiones para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la refinería de Dos Bocas, cuando esos recursos se pudieron destinar a obras de beneficio social para aquellas zonas.

A pesar de la catástrofe, no se ve intención para que las mayorías de Morena en el Congreso revisen las prioridades presidenciales en materia de gasto público a fin de reforzar los sistemas de protección a la ciudadanía y para la infraestructura pública ante la recurrencia de los fenómenos naturales.

Del FONDEN, que fue un instrumento importante para atender las consecuencias de los desastres, ni qué decir. Agoniza satanizado y desprestigiado por el desprecio presidencial que, en lugar de transparentar su funcionamiento e imponerle mecanismos financieros que impidan la corrupción, para que hacia adelante sea de utilidad plena para la población ante la inminencia de los fenómenos naturales.

La realidad es que en el gobierno no hay idea de la planeación y tampoco se sabe qué hacer con los magros recursos federales disponibles.

El gasto público no puede ser utilizado en el asistencialismo electoral sino que se debería reencauzar para construir bienestar a partir de políticas públicas de interés nacional.

@lusacevedop