La defensa de un crimen social

Las políticas del gobierno para enfrentar las dos crisis que golpean al país constituyen un crimen social que ya no se puede tapar con demagogia ni argumentos falsos.

Es indefendible lo que están haciendo. Hiere. Lastima. Un crimen, pues.

Veinticinco mil millones de pesos es lo que anunció el presidente, el ocho de abril, como apoyo a las Pymes. Son 25 mil pesos a cada una de las beneficiadas, a entregar entre el 4 y 10 de mayo según dijo.

Y hasta el 22 de junio sólo se habían entregado a 518 mil 613 (El País de ayer).

Eso ha sido todo: una limosna: 0.1 por ciento del PIB.

Ayer se conoció que el gobierno bloqueó la inversión de Iberdrola en una planta generadora de energía a gas en Tuxpan: mil 200 millones de dólares desechados y que pagaremos del presupuesto pues CFE hará el complejo.

Lo que pudo gastar la IP lo hará el gobierno, porque al presidente le caen mal los españoles, y el monto para sufragar ese berrinche es superior a los 25 mil millones de pesos que se destinarán a Pymes.

Hay 600 mil empresas paradas, sin ingresos y sin ningún tipo de apoyos del gobierno, que no saben si podrán volver a la actividad productiva.

Concanaco calcula que van a desaparecer 800 mil empresas de las cuatro millones (formales) que existen.

De ahí, y de la informalidad que también quedó desprotegida, salen las 12 millones de personas sin ingresos ni trabajo reportadas en abril por el INEGI.

Eso es desempleo que se traducirá en hambre. Entre seis y 10 millones no podrán comer a diario, dice el INEGI.

Para fin de año, señala EQUINE de la UIA, habrá 95 millones de pobres en México. Siguen haciendo historia.

Criminal es la no- estrategia del gobierno frente a la crisis económica.

Que quiebren las empresas, dice el presidente, porque «ya no es como antes».

¿Y de qué viven las doce millones de personas (dos millones de empleos formales ya están perdidos)?

Por ahora, tal vez, de sus ahorros o del apoyo familiar, pero eso se acaba. Lo que viene es hambre. Y delincuencia.

Lo que hace el presidente es «mandar a la base de la pirámide todos los recursos que se pudieron juntar para tratar de que se quedaran en casa y protegieran a sus empleados», me escribió una lectora de nombre Patricia Armendáriz, que se presenta como «empresaria social enfocada a aliviar la pobreza».

¿Cuáles recursos? Veinticinco mil millones de pesos es lo que «se pudo juntar».

El gobierno anterior les dejó un Fondo de Estabilización Presupuestaria (FEIP) con 280 mil millones de pesos, precisamente para emergencias como la que vivimos.

¿Qué hicieron con ese dinero? La mitad lo  tiraron en gasto corriente.

A Pemex le inyectaron 65 mil millones de pesos (quitándole carga fiscal), y a los desempleados nada.

A las empresas para que sigan vivas y sostengan salarios, nada.

«Que se mueran». Eso es un crimen social.

Además, ¿cuál dinero es el que mandan a «la base de la pirámide», como dice la lectora Armendáriz?

Los programas sociales, que siguen igual. Bueno, igual que el año pasado. Dinero adicional, sólo para Pemex y el Tren Maya.

Con un apunte importante: en el actual gobierno, dijo el presidente en su informe del 8 de abril, sus programas benefician a 22 millones de personas.

Pues resulta que en el sexenio anterior los programas de Sedesol eran para 40 millones de personas: nueve millones de familias, auditadas.

Lo que han mandado «a la base de la pirámide social» es a entre seis y doce millones mexicanos que son nuevos pobres alimentarios.

Ya no podrán comer a diario, y antes sí lo hacían.

El presidente, dice la «empresaria social enfocada a aliviar la pobreza», ha evitado » a toca costa endeudar al país».

Pues qué irresponsable, pues la economía caerá -10 por ciento del PIB y se necesita dinero para defender el consumo de las personas y la permanencia de las empresas, que dan el 94 por ciento de los empleos del país.

Y, por cierto, sí han solicitado préstamos. Al Banco Mundial, en días pasados: mil millones de dólares que no serán para ayudar a atenuar los efectos de ninguna de las dos crisis, sino para hacer sucursales del (inútil) Banco del Bienestar.

La CEPAL, encabezada  por una mujer de izquierda (en el sentido progresista de la palabra), expresó que México tiene espacio para apoyar empresas y prorrogar el pago de impuestos.

No la oyó el presidente. Como tampoco oyó ninguna de las 68 propuestas de reactivación de la economía que le hicieron los empleadores del país.

Defender la política de salud del gobierno de AMLO es ser cómplice de un crimen a la vista de todos.

Según la lectora Armendáriz, el dinero recuperado de los impuestos se está usando para atender la emergencia sanitaria, rehabilitar cientos de hospitales y contratar a mies de profesionales de la salud.

La realidad dice otra cosa.

El presupuesto de la secretaría de Salud para este año aumentó en apenas 0.18 por ciento.

De ese dinero le recortaron mil 500 millones de pesos (presupuesto aprobado vs presupuesto modificado) en este año de pandemia.

 Eso, junto al apoyo extra de 65  mil millones de pesos a Pemex para que pierda dinero a raudales, es un crimen señora.

Trajeron médicos cubanos, con un gasto que debió hacerse para proteger a nuestro personal de salud que lucha, se contagia y también muere por salvar a otros mexicanos… pero con equipo inadecuado. No hay dinero, les dicen.

Cuando un grupo de gobernadores protestó y enseñó el material de pésima calidad que Salud enviaba a su personal médico que atendía a enfermos de Covid, la secretaría respondió que las batas y cubrebocas que mandaron no son de uso clínico. Entonces, ¿para qué los mamdaron?

Esos ahorros son criminales. Matan gente. El personal médico (doctores, enfermeras y paramédicos) en México tiene el más alto índice de contagio en el mundo (20 por ciento).

¿Saben por qué? Porque no soltaron recursos a tiempo ni suficientes para equipo de calidad con el cual defenderse.

No sólo eso. Al principio de la pandemia los trabajadores de los hospitales debían comprar sus mascarillas y gel. Todavía ocurre en no pocos hospitales.

La salud no es prioridad del gobierno «para el pueblo».

En 2019, todos los hospitales de especialidades tuvieron recortes presupuestales. «Son retenciones, no recortes», explicó Hacienda.

Y tampoco compraron a tiempo los pesticidas para evitar el dengue hemorrágico: aumentó en 400 por ciento respecto a 2018.

Un crimen tras otro.

Ah!, pero el gobierno federal gastó 511 millones de pesos para comprar un estadio de beisbol en Hermosillo, el deporte favorito del presidente.