La Corte contra la ley de ultrajes de Veracruz/Federico Berrueto

La desesperación y la impotencia son malas compañeras para decisiones de gobierno frente a la delincuencia. La reforma al Código Penal de Veracruz en materia de “ultrajes a la autoridad”, es una medida que empodera discrecional y arbitrariamente a las autoridades frente al ciudadano. Si el proyecto del ministro Prado Rebolledo prospera, como es previsible, en un caso emblemático de acción de inconstitucionalidad, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García recibirá, una vez más, un severo golpe a su muy cuestionable gobierno.

Litigantes y constitucionalistas señalan que el problema de la redacción del artículo 331 del Código Penal sobre ultrajes a la autoridad, es que penaliza en términos muy generales la resistencia que pudiera haber por parte de cualquier ciudadano a un acto de autoridad. El ministerio público puede imputar o la misma policía puede proceder a la detención a partir de su interpretación a una determinación cuya redacción no precisa las conductas punibles.

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