La CNTE y la delincuencia: hegemonía de poderes fácticos

La teoría política de los sistemas de gobierno señala con claridad la importancia fundamental del Estado en el funcionamiento de una República, pero a partir del principio fundamental de que el Estado se define –en términos de Hobbes y Weber– como el monopolio de la fuerza y la represión; es decir, la autoridad que se pone por encima de los llamados poderes fácticos legales y clandestinos.

El fin del modelo autoritario priista no llevó la transición hacia un régimen democrático, constitucional y con equilibrio de poderes. El autoritarismo presidencialista que obedecía mal que bien al papel del Ejecutivo federal como regulador de las tensiones entre poderes reales fue desarticulado sin que se creara un nuevo mecanismo con autoridad dominante para equilibrar las disputas por el poder.

La oposición populista del PRD de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador sacó a grupos sociales a las calles para trabar la autoridad del Estado e imponer decisiones por encima de las reglas de la democracia representativa. Hoy, con López Obrador al frente del proyecto político populista, el Estado y el gobierno han perdido la posibilidad de ejercer su dominio sobre los poderes fácticos, y a la vista están dos ejemplos claros: la CNTE como movimiento de masas anarquista, sectorial e insurgente y el crimen organizado con fuerza de fuego suficiente para disputarle al Estado el monopolio de la fuerza al poder público.

El modelo autoritario priista se centró en un Estado paternalista –el ogro filantrópico que Octavio Paz definió como el Estado mexicano en Vuelta 21, agosto de 1978– redistribuidor del presupuesto con programas sociales asistencialistas y no productivos y llevó a un Estado que prefirió la contención de su fuerza para tratar de evitar las cifras rojas de la delincuencia. En ambos casos, el Estado perdió instrumentos de poder para garantizar un orden social en aras de la estabilidad de clases y de manipulación de las cifras de la inseguridad.

Como ejemplos prototípicos, la CNTE y el crimen organizado redujeron márgenes de maniobra a la autoridad del Estado incluso en objetivos de beneficiar a las mayorías y postraron las instituciones a las demandas sectoriales: la CNTE va por su agenda egoísta exigiendo beneficios presupuestales, en medio de finanzas públicas ahogadas en el déficit y en la falta de ingresos. Y para lograr sus objetivos, la CNTE ocupa las calles agrediendo a la ciudadanía, sin que la autoridad ponga los intereses de las mayorías por encima de las demandas de un pequeñ o grupo.

Lo mismo ocurre con la disminución de la hegemonía del Estado frente a las bandas del crimen organizado: en aras de una gobernanza criminal, el Estado disminuyó el ejercicio del poder y la fuerza buscando que las bandas criminales tomaron conciencia de una realidad social ajena a sus intereses delictivos y fracasando que el intento de convertir a los delincuentes en garantes de la estabilidad social en territorios ocupados por bandas criminales organizadas o desorganizadas. Este modelo de “abrazos, no balazos” debilitó la autoridad del Estado para ejercer la fuerza en beneficio de las mayorías sociales.

La transición política iniciada de manera formal con la reforma de 1978 se basó en el debilitamiento del Estado y en la disolución del poder público, porque los grupos políticos dominantes que arribaron al poder –el PRI, el PAN y ahora Morena– solo diluyeron la autoridad del Estado y del poder político y no construyeron una sociedad ciudadanizada que evitara la represión dictatorial o la cesión de la capacidad del Estado y del poder para gestionar una verdadera democracia de instituciones.

La intención parece ser ahora la de profundizar el debilitamiento del Estado y disolver más el poder público; en el caso de la CNTE, la autoridad cuenta con leyes y derechos no para reprimir a la disidencia magisterial sino para evitar la paralización del funcionamiento de la capital de la República con decisiones que permitan en las calles una parte para la protesta y otra parte para garantizar la vialidad indispensable; pero no, la autoridad simplemente se ha replegado ante el abuso del poder el CNTE.

En medio de los abusos de la CNTE y del crimen organizado ha quedado una sociedad doblemente victimizada: por el debilitamiento del Estado y la disolución del poder público y por el abuso de los nuevos poderes fácticos que ya se colocaron por encima de las instituciones constitucionales y le ponen condiciones al Estado y al poder político, cuando una democracia debiera ser al revés.

La única forma para aplicar la fuerza de las instituciones sobre poderes fácticos radica en instituciones y leyes democráticas, no en toma de calles con plantones o balazos.

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