Del saldo de fosas detectadas en todo el país, San Luis Potosí no salió ileso, pero aunque en apariencia la información oficial es alentadora, porque no se encuentra entre las entidades con el mayor número, no dejan de ser las cifras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según la información dada a conocer por el Gobierno de México, durante la presente administración federal, hay dos fosas localizadas, de las cuales se desconoce su ubicación, características y número de cuerpos inertes a su interior.

El peor estado es el vecino Veracruz, con 96, seguido de Colima con 90. Sinaloa, Guerrero, Sonora y Chihuahua, son otras entidades con serias dificultades.

El problema potosino estriba, principalmente, en la poca o nula localización de personas desaparecidas, lo que también pone en duda la cantidad de dos fosas con AMLO, ya que no existe una certeza sobre que sean las únicas.

Colectivos como Voz y Dignidad por los Nuestros han denunciado la poca efectividad de las autoridades para dar con el paradero de los potosinos que, inclusive por varios años, desaparecieron del mapa, sin saberse si siguen vivos o su posible paradero.

Casos tan sonados como el del autobús Pirasol, que cargado de jornaleros fue interceptado por presuntos delincuentes organizados cuando viajaba del municipio huasteco de Xilitla a Miguel Alemán, Tamaulipas, no solamente no ha sido resuelto, sino que atravesó por la pérdida del expediente, su reaparición, una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y así ha transcurrido una década, sin que la Fiscalía General de Justicia dé resultados contundentes de su investigación.

Es difícil de creer el informe presentado por la Comisión Nacional de Búsqueda sobre el número de fosas clandestinas halladas durante el gobierno de AMLO, debido a que lo anteceden otros, muy completos, como el elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de hace un par de años, con información oficial de casi todas las procuradurías o fiscalías del país, donde es posible conocer la realidad potosina no sólo en cuanto al número de fosas, sino de atropellos, omisiones e impunidad.

Sería el ejemplo de la recomendación 31/2015 dirigida al exgobernador Fernando Toranzo, por la desaparición de un detenido a manos de policías de Soledad de Graciano Sánchez. ¿Qué pasó con esa recomendación? Hasta ahora, no se sabe.

También se desconoce la solución dada a siete desapariciones en las que participaron agentes del estado en Cerritos, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Matehuala y la capital potosina; un número superior a los dos atribuidos a la delincuencia organizada en Rioverde y Soledad de Graciano Sánchez.

Y quedó sin determinarse la presunta autoría de 24 desapariciones en Cerro de San Pedro, Charcas, Ciudad Valles, Matehuala, Rayón, Rioverde, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamasopo, Villa de Ramos y otros dos municipios sin determinar.

De acuerdo con el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas de la CNDH, donde está contenida la anterior información, el número de fosas localizadas en San Luis Potosí, entre el 1 de enero de 2007 y septiembre de 2016, fue de 34 con 41 cadáveres, de los cuales, 34 víctimas fueron hombres, dos mujeres y del resto no se pudo determinar su género. Sólo 25 personas fueron identificadas.

A esto hay que sumar a los desaparecidos que antes de este informe, también había, así como las fosas clandestinas del calderonato.

Todo lo cual indica que el enfoque es de seguir hablando de cifras, a la alza o a la baja, pero siempre las cifras del Presidente, cuando instancias autónomas como la CNDH y de la sociedad civil tienen otras que chocan de frente con la realidad impuesta desde las conferencias mañaneras en Palacio Nacional.

Nombres y rostros son los que se necesitan. Ni siquiera saber que en SLP fueron localizadas dos fosas puede resultar un alivio, debido a que esos casos recientes tampoco fueron resueltos y los del pasado están más enterrados que nunca.